

En los años sesenta surgió la ilusión de contar con un sistema eficaz, presto a velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos, que solían ser víctimas de crímenes atroces como los que produce la delincuencia por motivación ideológica, como son la de los partidos comunistas, la perversidad de la política exterior soviética, la postulación del modelo revolucionario chino, la exportación de la guerrilla cubana, el uso del terror sobre la población indefensa, la toma violenta del poder y la perduración tiránica de los regímenes originados de ellos.
Con las firmas del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (1966), a nivel de Naciones Unidas, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), en el ámbito de los Estados Americanos. Quedaron sellados los compromisos de los Estados en materia de los derechos humanos bajo protección internacional.
Treinta años después, a mediados del decenio de los noventa en adelante, la letra de los tratados fue sistemáticamente distorsionada hasta su más tosco incumplimiento, debido al abuso de las facultades y de las atribuciones que han venido ejerciendo quienes -carentes de idoneidad, pero saturados de ideología perversa- han accedido y se han apropiado de los organismos internacionales, reduciéndolos a cotos al servicio de la ideología e intereses negadores de los legítimos derechos humanos más elementales.
La jurisprudencia de las cortes internacionales, las resoluciones de las comisiones y las opiniones de los relatores han abusado de la denominación derechos humanos, confeccionando todo un prontuario de la más cínica y negadora postura de los legítimos derechos humanos porque han favorecido el aborto aunque es un innegable crimen contra la vida humana, han traicionado la letra de los tratados al negar protección al ser humano desde la concepción, han desnaturalizado el matrimonio que por sus fines es sólo para parejas heterosexuales. Además, gravemente, han favorecido sistemáticamente a toda asociación ilícita revolucionaria comunista para delinquir, han debilitado al Estado, han expuesto a peligro Naciones y Sociedades desprotegiéndolas del verdadero propósito de los tratados de derechos humanos, han impuesto la ideología de género y han insistido en la homosexualización de los seres humanos.
El denominado Acuerdo de Escazú está en la misma línea, encaja perfectamente en el análisis precedente. Es un tratado de derechos humanos, no es un tratado de obligaciones recíprocas entre Estados. El texto del tratado se reduce un solo derecho, a una sola frase “el derecho de acceso”. Acceso es acercarse, es entrar. Pues, nos preguntamos: ¿A qué se desea tener acceso? ¿En dónde se desea entrar? La respuesta la da el tratado: A tres ámbitos se tendrá derecho a tener acceso: A la información, a la toma decisiones y a la justicia. ¿Pero, en qué materia? En información ambiental, en decisiones sobre el medio ambiente, en justicia ecológica. Y, ¿qué es el medio ambiente? Pues, todo lo que hay en nuestro territorio nacional: aire, agua, suelo, fauna, flora, clima y radiación. Son nuestros recursos naturales.
El Acuerdo de Escazú se alinea en los insatisfechos apetitos de los intereses creados en busca de territorios y recursos naturales. Y, es un texto mentiroso. Menciona que la CEPAL (la Comisión Económica para América Latina, de las Naciones Unidas), hará las veces de Secretaría General. Que si un Estado incumple sus obligaciones, podrá ser demandado por otro Estado ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya (el tribunal de las Naciones Unidas para las demandas entre Estados).
Pero, nada más lejano a las verdaderas intenciones del Acuerdo de Escazú. Este tratado es un nuevo tratado de derechos humanos, pero no lo dice, lo calla, lo oculta. Y, empodera a las personas naturales y jurídicas para participar en la toma de las decisiones del Estado, con relación a nuestros recursos naturales.
En América Latina el único tribunal que puede juzgar por violaciones de derechos humanos es la Corte Interamericana de San José (Costa Rica), creada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. Corte que en su Opinión Consultiva OC-1/82 del 24 de setiembre de 1982, se declaró competente para juzgar con base a todos los tratados sobre derechos humanos. Por lo tanto, la Corte Interamericana de Costa Rica, reclamará competencia para juzgar en los términos del Acuerdo de Escazú. Y, a su alrededor, los ONGs caviares merodearan como abejas en su propio panal.
Ya los Estados han sido esquilmados con ingentes sumas de dinero por concepto de reparaciones, en favor de los subversivos de las Américas. Al parecer, toca ahora un cambio de ubre para ordeñar, han sido elegidas las empresas mineras, las empresas agrícolas con extensas plantaciones en zonas amazónicas o las grandes ganaderías. Todas ellas serán sustitutas de los Estados, para surtir y aplacar la voracidad de los ONGs, las que con innegable tecnología son diestras en obtener indemnizaciones reparadoras de las nuevas obligaciones en derechos humanos, que serán las ambientales según el Acuerdo de Escazú.