Emergencias y movilización

Ha causado extrañeza, en algunos sectores de la Socie­dad, que en el Congreso se haya aprobado una nueva Ley de Movilización para la Defensa Nacional y el Orden Interno, sustituyendo, de ésa manera a la anterior Ley de Movilización Nacional N° 28101.

La verdad es que no de­bería generar sorpresa ni preocupación, como lo ex­plicamos en esta columna. Comenzaremos como debe ser, por el principio. En efec­to, nuestra Constitución establece como Régimen de Excepción, el Estado de Emergencia, el que puede ser declarado por el Presi­dente de la República, con acuerdo del Consejo de Mi­nistros, hasta por sesenta días prorrogables, sea en todo el territorio nacional o en parte de él.

Las motivaciones para la declaración del estado de emergencia son por per­turbación de la paz o del or­den interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afectan a la Nación, pudiéndose en tales casos restringirse o suspenderse los derechos constituciona­les a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y las libertades de reunión y tránsito.

Sin embargo, hay otras emergencias que, si bien no están normadas expresamen­te en la Constitución, si lo están por normas de menor jerarquía.

Ejemplo de dichas emer­gencias las tenemos en caso de desastres naturales (fenó­meno del Niño, inundacio­nes, lluvias torrenciales, entre otros), con la impli­cancia que se liberalizan las disposiciones para con­tratar y ejecutar obras que mitiguen la situación o se restituya lo dañado.

También tenemos la emer­ gencia sanitaria, cuando hay o puede haber, grave peligro para la salud de la población, como es el caso de la emergencia sanitaria en que estamos inmersos por la pandemia del Covid 19. En esta emergencia es de aplicación la Ley General de Salud N° 26842 que permite a la autoridad de salud dictar medidas de prevención y control para evitar la propagación de enfermedades.

El Sector Público y el Privado están obligados a prestar apoyo a las autoridades de salud, en que, en la lucha contra las epidemias, están facultadas para disponer la utilización de todos los recursos médico-asistenciales de ambos sectores mencionados, existentes en las zonas afectadas y colindantes. Transitoriamente y solo por razones de salud pública se puede restringir actividades de producción y comercio de bienes y servicios, así como el tránsito de personas, animales, vehículos y otros elementos que pueden representar riesgo para la salud de la población.

Adicionalmente a todo lo expuesto, tenemos la Ley de Movilización, que en sus inicios era aplicable a únicamente en situación de conflictos o de desastres, en que se puede movilizar a la población, pero también, si fuese necesario, en forma temporal, se puede requisar e intervenir bienes y servicios.

Como la Ley de Movilización Nacional a que nos referimos, no contemplaba las emergencias sanitarias, la nueva legislación aprobada en el Congreso si lo permite, con lo que queda subsanada la omisión de la ley aludida, que además se perfecciona y actualiza. Nótese que no autoriza expropiaciones por la autoridad de salud, solo el uso temporal de bienes y servicios, ya que la expropiación únicamente puede dictarse por ley expresa.

Evidentemente no estamos en momentos en que se deban o puedan hacer cambios sustanciales, por lo que habrá que esperar tiempos mejores y también más calificados representantes al Congreso, para dar amparo constitucional a las emergencias, incorporando desastres originados por acción u omisión humana, y a la emergencia sanitaria.

Es pertinente expresar que las emergencias por desastres y de origen sanitario, pueden estar acompañadas por la declaración de emergencia que la Constitución autoriza y que usualmente se complementa con restricción o suspensión de las garantías constitucionales a las que nos hemos referido al inicio de esta columna.