¿A qué herencia renunciamos?

Parece ser que la descomposición del régimen vizcarrista empieza a ser un hecho inocultable. El crecimiento de los estragos del Covid-19 y la paralización de las actividades económicas, descubren el fracaso total de las políticas seguidas y la incapacidad gubernamental absoluta. La indignación social se expande acicateada por la concurrencia simultánea del hambre, la desocupación y la muerte. A pesar de las encuestas mentirosas y la prensa parametrada, el Gobierno, entrampado  en su incompetencia, pierde aceleradamente respaldo ciudadano.

 Sin embargo, no debemos confundirnos ni bajar la guardia. La fiera herida suele ser muy peligrosa. Incluso en sus perores estertores el autoritarismo puede sorprender y dar una zarpazo fatal, en la hora undécima. Por eso, la demanda  de las fuerzas republicanas debe concentrarse en el cumplimiento de elecciones con garantías, para que el próximo año estemos libres de la actual pesadilla. Y hacemos votos para que los peruanos elijamos cualquier alternativa solvente, que nos aleje de su herencia miserable.

Se trata, entonces, de desechar el continuismo y optar por la ruptura. Hay que cambiar el rumbo maléfico y reencontrarnos con el país y su gente. Es por ello, que denunciamos al llamado “Pacto por el Perú” deslizado en el mensaje del 28, por considerarlo un “caballo de Troya” para perpetuar sus políticas nefastas. En la Torre de Babel en que nos encontramos, con el lenguaje tan adulterado que no logramos entendernos, “reformas políticas” es el artificio nominal utilizado por el oficialismo para destruir las instituciones republicanas. En efecto, apuntan contra la Constitución Histórica, esa que se forjó en los tiempos de la Independencia por los Padres Fundadores que nos dieron Patria y Libertad.

La reforma de Vizcarra y Tuesta es en verdad una Contrarreforma. Altera el equilibrio de poderes, que es el fundamento del Estado Constitucional de Derecho. El Parlamento, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia, etc, quedan disminuidos o subordinados al Gobierno. Se pulveriza la autonomía de  los Partidos Políticos al someterlos a una tramitología infernal, propia de una dependencia pública. Obviamente esta suerte de estatización afecta el derecho fundamental a la participación política de los ciudadanos. Y la propia actividad política, libre por antonomasia, queda aherrojada a la voluntad de fiscales y jueces arbitrarios a través de una judicialización direccionada. Mediante esta práctica perversa el régimen ha logrado deshacerse y encarcelar a sus adversarios más connotados.

Siendo así, el susodicho “pacto” es una trampa para incautos. Rechazarlo es una obligación política y moral. No queremos que la celebración del Bicentenario coincida con la instauración un autoritarismo soterrado, un neo-presidencialismo exacerbado y vertical: la forma dominante de las dictaduras del siglo XXI.