Actualidad de la Corte Penal Internacional y la justicia supranacional

La Corte Penal Internacional (CPI) entró en vigor en el 2002 después de recibir 60 ratificaciones. Asimismo, el crimen de agresión recién se definió en la Conferencia de Revisión de Kampala de junio del 2010 que enmendó el Estatuto de Roma. La Corte recién ejerció su jurisdicción sobre los crímenes de agresión desde el 2018, por decisión de la Asamblea de los Estados Parte.  

Existe la percepción en muchos sectores de que la CPI no ha cumplido con las expectativas de sus fundadores. Los procedimientos del tribunal son engorrosos y largos, y sólo se han producido 6 condenas por los principales crímenes internacionales.

Las razones para su limitada actuación podría ser que esta Corte se basa en el “Principio de Complementariedad” por el cual la jurisdicción de los Estados tienen primacía frente a la Corte. Y muchos Estados son renuentes a cooperar con la Corte y se plantean, como en el caso africano, su separación. Muchos gobernantes en ejercicio prefieren cortar lazos con la CPI, antes que perder el poder. Otro factor muy importante que contribuye a debilitar a la Corte, es el rechazo de EEUU a apoyar dicho tribunal, con lo cual menoscaba su autoridad.

En América Latina la actuación de la Corte ha sido muy limitada. Solo ha habido 2 investigaciones o Exámenes Preliminares en Colombia (caso de las acciones de los grupos paramilitares) y en Venezuela (caso de Nicolás Maduro). La mayor parte de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad se han dado en Africa, razón por la cual se pasó a la Investigación Oficial. Genocidio no ha habido. Hemos tenido pocas guerras internas recientemente en la región y quizá esto explique también la baja cantidad de casos.

En Africa, en cambio, se da más de la mitad de los conflictos armados del mundo.

Sí es importante destacar, que una connacional nuestra ejerce como magistrada y jueza de la Corte Penal Internacional (CPI). Se trata de la doctora Luz Ibañez Carranza, miembro asociada de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional.

En tal tesitura, es conveniente reconocer que el establecimiento de tal tribunal ha alentado a los Estados a revisar sus propias leyes sobre crímenes internacionales e instituir sus propios procesos cuando sea posible hacerlo. Asimismo, se afirma que la existencia per se del tribunal puede ser un elemento disuasorio para los posibles autores de crímenes internacionales. El tribunal ha comenzado a agregar al cuerpo del derecho penal internacional y ha aumentado la posibilidad de que se investiguen las atrocidades masivas.

Es innegable que existe cierta crisis de legitimidad y reconocimiento hacia la competencia y jurisdicción de la CPI, pero es un fenómeno global, en el que también se cuestiona por ejemplo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre todo cuando los fallos no resultan favorables a los Estados litigantes pero así se van acumulando oposiciones contra dicha Corte. Preocupa igualmente cómo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) que puede dejar de operar a partir de setiembre entrante si los países de la CAN no regularizan sus compromisos de pago, arriesgando 50 años de un proceso de integración de beneficio mutuo.

La comunidad mundial asumió el sistema global vigente hace 75 años, incluida la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como ente jurisdiccional donde ventilamos nuestros incordios o disputas.

Estoy persuadido que el sistema ha funcionado y aunque la pandemia ha motivado que se hable de un nuevo orden, estimo que el actual deberá reformularse (reshape) para hacerlo más eficaz y efectivo.

No obstante, sí preocupa que la Corte Penal Internacional (CPI) aún no acelere su capacidad sancionadora o que el expectante proceso andino de integración se vea afectado por que no cuente con los medios económicos para proseguir en sus responsabilidades; ya que es primordial e imprescindible disponer de la columna de la justicia para que el planeta se recupere y conviva en paz, en seguridad, así como solidaridad e inclusión.

No cabe duda, que estas vicisitudes de la administración de justicia mundial, es consecuencia de la crisis del multilateralismo, la misma que las potencias debieran levantarlo, fortalecerlo y revitalizarlo para bien de la comunidad universal y de su población que está ávida de justicia civil, penal, comercial, social, entre otras, porque aborrece la impunidad y la corrupción que daña a nuestra civilización.