El menor de los males

En el Perú cerca de 30 mil personas han perdido la vida por la pandemia. Es el 0.1% de la población. La cifra lo ubica como el primer país en mortalidad per cápita. El texto de la agencia española EFE al exterior describe la situación: “Más enfermos que nunca, pero menos graves. Menos muertos, pero UCIS en el límite. La curva del COVID-19 en el Perú refleja una compleja realidad que habla tanto de un desastre como de la esperanza de que el virus pueda estar actuando contra sí mismo”.  

Resume así la respuesta del Gobierno: “a partir de junio, una breve y muy elevada meseta en el ritmo de contagios, habilitó al Gobierno a decretar la apertura de la economía, completamente devastada, pero esa reactivación disparó a su vez una nueva oleada de infecciones, que llegaron y arrasaron zonas que antes habían quedado intactas. Y, sin embargo, con una cifra media de nuevos contagios semanales en julio y agosto que casi duplica los registrados en mayo o junio, el número de muertos diario no solo no ha seguido estable, sino que ha caído significativamente. Del mismo modo, los hospitales no solo no se vieron desbordados, sino que han visto disminuir su ocupación”.

¿A qué se refiere el despacho con que el virus estaría “actuando contra sí mismo? A que “la enfermedad está siendo menos virulenta, o la población ha superado cierto punto de contagios que complica la reproducción del virus”. En otras palabras, un juicio ecuánime de los hechos tedría que concluir que la pandemia, que se ha ensañado con el Perú por razones que no conocemos bien, está cumpliendo un ciclo dentro un proceso natural que inexorablemente acabará con ella en un momento determinado. La población del Perú estaría llegando lentamente, pero de manera definitiva, a la anunciada «inmunidad de grupo».  

Pero ese fue siempre el escenario. Todo dependió desde un principio de lo que las familias pudieran hacer por sí mismas y las empresas por sus trabajadores. Era obvio que era poco lo que el Estado peruano iba a poder hacer. ¿Fue la cuarentena prematura o excesiva? Si así fue, ¿quién podía saberlo al principio? Por eso, atribuirle la responsabilidad de esta tragedia al gobierno y sus decisiones es un acto político más que un juicio ecuánime. 

Retrospectivamente, sin embargo, puede decirse que el gobierno sobrereaccionó, falló al estorbar con exceso la respuesta del mercado ante el fenómeno natural. La población que ignoró la cuarentena lo hizo en su inmensa mayoría porque, viviendo de una actividad informal y al día, no tenía otra alternativa. Mal o bien, las familias se hicieron cargo como pudieron y el gobierno no pudo impedirlo. Pero obstaculizó innecesariamente la reapertura de las empresas formales, porque desconfió de ellas. No supo y no quiso creer que podían cuidar de sus trabajadores, que necesariamente debían asumir la responsabilidad a partir de cierto momento. El momento de la reapertura si cortapisas pasó hace mucho sin que el gobierno fuera conciente de ello. La reactivación –con sus protocolos descabellados y su plan de cuatro fases en cuatro meses- ha sido y sigue siendo tardía e indolente.  

El gobierno sobrereaccionó. La megalomanía estatista lo llevó al engaño. Asumió en un diagnóstico implícito, nunca debatido, que existía un supuesto trade off entre salud y economía: que había que elegir una u otra. Hoy sabemos que no era así. No había trade off sino feed back, retroalimentación entre la salud y la economía.  

Nos recuperaremos de esto. Pero produjimos innecesariamente una catástrofe económica e igual tuvimos proporcionalmente más víctimas que todos los demás. Por los países –como EEUU, México o Brasil- que se resistieron a un cierre indiscriminado, hoy sabemos que ese era, en realidad, el menor de los males.