Reforma para reducir la planilla estatal en Brasil

El presidente, Jair Bolsonaro, presentó este jueves al Congreso un proyecto de reforma administrativa que busca reducir el fuerte peso de la nómina o planilla del Estado brasileño.

El texto básico de la reforma fue publicado en el Diario Oficial y detallado en rueda de prensa por el equipo económico del Gobierno. La reforma altera profundamente las reglas de contratación, remuneración y ascensos de los empleados públicos y elimina privilegios, según se explicó. La reforma no afecta los derechos de los actuales empleados pero sí reduce los beneficios y restringe la estabilidad de los futuros.

Permite que los empleados públicos sean despedidos por «desempeño insuficiente», algo hoy prohibido por ley, que sólo permite que un funcionario pierda el cargo por sentencia judicial contra la que ya no tenga recursos o por infracción disciplinaria.

La iniciativa flexibiliza también las normas con que el Estado puede despedir empleados en caso de que lo necesite por dificultades fiscales y le permite reducir la jornada de trabajo con reducción proporcional del salario.

La reforma sólo garantiza estabilidad para las llamadas “carreras del Estado”, como diplomáticos, militares, comisarios de policía y auditores fiscales, tras al menos tres años de vínculo. Los empleados que no pertenecen a carreras del Estado serán contratados inicialmente por un período de un año y después tendrán contrato por tiempo indeterminado, pero sin estabilidad.

El texto limita las vacaciones de los empleados públicos a 30 días al año en un país en que algunos funcionarios tener 90 días.

Una de las medidas permite al jefe del Estado sin aprobación del Congreso reorganizar órganos públicos y transformar cargos públicos. La reforma para racionalizar el servicio público y reducir los gastos de personal es uno de los pilares de la política económica de Bolsonaro, que busca reducir el tamaño del Estado y disminuir el déficit público. Los otros pilares son la reforma a las pensiones, aprobada el año pasado, y la reforma tributaria, que aún no ha sido presentada.

El Gobierno estaba esperando la coyuntura para presentar su propuesta y los efectos de la pandemia elevaron el déficit y la deuda pública a niveles históricos.

El déficit fiscal de Brasil alcanzó el equivalente a un 16% del PIB entre enero y julio de este año, frente al casi 6% de 2019.

La deuda pública de Brasil saltó del equivalente al 75,8 % del PIB en diciembre de 2019 al 86,5 % en julio y, según el Banco Central, puede llegar al 100 % al final de 2020.

Por tratarse de una enmienda constitucional, el proyecto tiene que ser aprobado por mayoría de dos tercios de los parlamentarios, lo que exige el respaldo de 308 de los 513 diputados y 49 de los 81 senadores, en dos votaciones plenarias en cada cámara.

Según el Gobierno, los gastos del Estado con los salarios de los cerca de 11,4 millones de empleados públicos del país (el doble que hace 30 años), incluyendo los del gobierno central y los de administraciones regionales y municipales, representan el 13 % del PIB brasileño, muy por encima de lo que se destina a la educación (6 %) y a la salud (3,9 %).

Los gobiernos de 25 de los 27 estados brasileños destinan más del 60 % de sus presupuestos anuales al gasto con funcionarios.

Según un estudio del Gobierno, mientras que el número de empleados públicos creció un 125 % en los últimos 30 años, el de trabajadores en el sector privado creció un 96 %; y mientras que el salario promedio de los funcionarios saltó un 23,5 % en el período analizado, el de los empleados privados casi no varió. (EFE)