Algunas conclusiones del acuerdo de Escazú

La eventual aprobación del Acuerdo de Escazú, generó un intenso, amplio e interesante debate en semanas pasadas, a nivel nacional, que dejó algunas conclusiones, a mi entender:

1. La Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) no ha concebido el Acuerdo de Escazú. Los Estados de la región de Latinoamérica y el Caribe son, en su condición de Estados soberanos los que han impulsado, negociado y acordado el texto final del acuerdo. La CEPAL actúa bajo el mandato de los Estados, como una entidad de apoyo, que brinda servicios a los Estados que lo hayan solicitado.

2. Los EEUU y Canadá no forman parte del acuerdo porque no son parte de la región de Latinoamericana y el Caribe (LAC). Recordemos que el Acuerdo de Escazú se efectuó en el marco de esta región, con el apoyo técnico de la CEPAL, un órgano de las Naciones Unidas (NNUU). Como se sabe, las NNUU trabajan con una división regional que ayuda a la toma de decisiones y a su implementación, y en base a la cual se establecen instituciones, como la CEPAL. Los tratados son fuentes naturales del Derecho Internacional que se mantiene en constante evolución.

3. Las materias sobre las que versa el Acuerdo de Escazú son complejas y están alineadas con los emergentes estándares internacionales sobre gobernanza global del medio ambiente, y no comprometen en forma alguna el control soberano sobre nuestros territorios o sobre sus recursos. Por cierto, no hace ninguna referencia a la Amazonía. Más bien se sustenta en la soberanía permanente del Estado sobre sus riquezas y recursos naturales. (1)

4. La Corte Internacional de Justicia, solo es una vía de última instancia, en caso de haber discrepancias sobre la interpretación o aplicación del acuerdo, y, solamente litigable entre Estados. “Es natural, que si hay un desacuerdo insuperable entre Estados, se recurra a los mecanismos de solución pacífica de controversias que prevé el derecho internacional: la negociación, los buenos oficios, la mediación, la conciliación y, por supuesto, la judicialización ante la CIJ. Lo establecido en el artículo 19° aplica sólo para los Estados Parte. No es aplicable para individuos, comunidades ni ONG, etc. Además que el propio Estatuto de la CIJ no lo permitiría y, por ende, se declararía incompetente para resolver. El artículo 34° del Estatuto de la Corte, dispone: ‘l. Sólo los Estados podrán ser partes en casos ante la Corte’”. (El entrecomillado, que suscribo, proviene del Dr. Alexander Antialón).

5. Según un informe realizado por la organización Global Witness, los asesinatos de los llamados defensores del medio ambiente son parte de una tendencia creciente, dentro de la cual el Perú es el cuarto país más peligroso para estos, con 57 activistas asesinados entre 2002 y 2014. Más del 60% de las muertes ocurrieron en los últimos cuatro años, y las comunidades indígenas fueron las más afectadas. Detrás de esto existen —según el citado reporte— intereses vinculados a la tala ilegal a escala industrial, los proyectos de desarrollo de infraestructura y la expansión de las industrias extractivas. (Opinión, que comparto, del Dr. José F. Pinto-Bazurco)

6. Los derechos a favor de los defensores de derechos humanos, ya están previstos, reconocidos y garantizados por el Estado peruano, pero no de forma exclusiva sino para toda persona en general. “Para el caso específico del Acuerdo de Escazú, la única manera en que se podría configurar una responsabilidad internacional del Estado sería cuando premeditadamente se incumpla con la obligación de proteger y se exponga al peligro a los defensores de derechos humanos. Y, en tal hipotético caso, tampoco sería justiciable ante la CIJ, pues allí solo litigan de Estado a Estado, como ya hemos explicado. En tal inexistente situación, se seguiría la vía procedimental prevista para la protección de los derechos humanos en general.” (El entrecomillado, con el que coincido, pertenece al Dr. Alexander Antialón).

7. Es indudable que el Perú tiene que continuar promoviendo la inversión privada y el Acuerdo de Escazú no necesariamente debe percibirse como un obstáculo para tal objetivo. Más aún, la OCDE “Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos”, organización de prestigio mundial -promotora de estándares de buenas prácticas-, llamada superlativamente “el club de los países ricos” y a la que el Perú aspira a incorporarse, recomienda la ratificación de dicho instrumento (2). “El establecimiento de reglas que puedan afectar inversiones es entendible en un país en el que muchas veces las reglas se utilizan como armas para entorpecer procesos en lugar de favorecerlos. Pero el mundo de hoy no es el mismo que el de hace 50 años. Una empresa que opera sin respetar estándares sociales y medioambientales no genera la confianza de sus inversionistas. Por ello, empresas importantes establecen criterios ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (conocido como ESG, por sus siglas en inglés) que permiten medir la sostenibilidad y el impacto de una inversión en la sociedad. Esto le da legitimidad, credibilidad y confianza a la empresa, lo que le permite operar con licencia social, un activo esencial en cualquier inversión moderna.” (El entrecomillado, con el que concuerdo, corresponde al Dr. José F. Pinto-Bazurco).

8. La Sociedad Peruana de Derecho Internacional (SPDI) ha considerado oportuno y conveniente que —dentro del mismo ambiente de transparencia que promueve el Acuerdo de Escazú— se desarrolle un diálogo ciudadano informado y desprovisto de motivaciones partidistas, que permita a todos los peruanos conocer y entender las ventajas y alcances que comportaría el perfeccionamiento interno del Acuerdo de Escazú. Con ese propósito, la SPDI, enterada de la convocatoria de algunos expositores sobre el Acuerdo de Escazú, por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, se puso a disposición de dicha Comisión nombrando a un representante ad hoc. Sin embargo, no tuvo respuesta.

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(*) Jurista y Diplomático.

(1) Ver la tesis de Oscar Maúrtua de Romaña para ingresar al Servicio Diplomático del Perú. Academia Diplomática. Lima, 1968.

(2) Diario “Gestión”, 11 de julio del 2020. Ministra Muñoz sobre Acuerdo de Escazú: “Ayudará a prevenir conflictos ambientales”. https://gestion.pe/peru/ministra-munoz-sobre-acuerdo-de-escazu-ayudara-a-prevenir-conflictos-ambientales-nndc-noticia/