Lavado de activos suma US$ 415 millones

Entre setiembre de 2019 y agosto de 2020, se ha elaborado 43 Informes de Inteligencia Financiera (IIF) que involucran US$ 415 millones y la mitad de esa suma (US$ 210 millones) se atribuye al posible lavado de activos de la minería ilegal. 

Otros delitos posiblemente vinculados son el tráfico ilícito de drogas (US$ 69 millones), la defraudación tributaria (US$ 41 millones) y la defraudación de rentas de aduanas (US$ 62 millones), según informó el superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa, a la Comisión de Economía del Congreso. 

Los delitos contra la administración pública (corrupción y enriquecimiento ilícito) presuntamente originan actos de lavado de activos por US$ 6 millones.  

En el acumulado de enero de 2011 a agosto de 2020, se cuenta con 700 IIF que involucran US$ 14,263 millones. La UIF emite los citados informes (IIF) tras haber analizado el contenido de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) que remiten bancos y notarías. 

Tras exponer los resultados de la labor de la UIF, Espinosa expresó su respaldo al proyecto de ley 5829, que plantea el libre acceso de la UIF al secreto bancario y la reserva tributaria, iniciativa presentada por el congresista Gino Costa. En la actualidad, la UIF solo puede acceder al secreto bancario tras ser autorizada por un juez penal. “Estos pedidos tienen que sustentarse y es muy difícil hacerlo cuando, precisamente, esa información es la que se necesita para tener un panorama completo, porque el reporte de actividad sospechosa que recibimos de un banco suele ser una foto incompleta”, explicó Espinosa. 

Las entidades que gozan de acceso directo al secreto bancario son los jueces, el fiscal de la Nación, las comisiones investigadoras del Congreso, la Sunat, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).