El Congreso ha producido la noche del jueves una verdadera orgía demagógica que ha puesto fin a años de esfuerzos del país por crear una meritocracia en la educación pública del Perú.
Se trata de la decisión del Congreso de reponer por razones políticas –no por razones técnicas ni de justicia- a 14 mil maestros separados en 2014 por no haber aprobado o no haber aceptado someterse a la evaluación del caso.
Son 14 mil votos comprados por todos los partidos políticos actualmente en el Congreso. La prueba es que la ley fue aprobada por 107 de los 121 congresistas presentes. Y, como de costumbre, el proyecto fue exonerado de segunda votación. El Ejecutivo tiene ahora la posibilidad de objetar -observar es el término oficial- este escandaloso caso de mercantilismo.
Pero, como sabemos por adelantado, el Congreso probablemente insistirá en su ley demagógica con la mitad de los votos de la única cámara, y la promulgará.
Esta es, además, solo la porción visible del iceberg. La parte bajo la superficie es bastante más grande.
Actualmente, hay unos 240 mil profesores nombrados que se hallan dentro de la Carrera Pública Magisterial. Para ser parte, es forzoso tener título de Pedagogía. No se admite ningún otro título profesional. En otras palabras, existe un monopolio sobre las plazas de la educación pública en el Perú puesto que se hallan reservadas de manera excluyente para los titulados en Pedagogía.
La consecuencia del monopolio es que una tercera parte entera de los maestros de la educación pública peruana son contratados todos los años y no nombrados. No se les permite entrar a la Carrera Pública Magisterial, ni siquiera si tienen otro título. Alguna vez, Martha Hidebrandt, que tiene un título en Pedagogía y a quien consulté el tema, me dijo que para enseñar bien es más importante conocer la materia -el qué- más que el cómo enseñarla.
Pero hoy en el Perú un maestro contratado percibe un sueldo igual al del maestro nombrado que comienza recién en la escala más baja de la Carrera Pública Magisterial. El maestro contratado cada año no puede mejorar ese ingreso porque es excluido del sistema. No hay inclusión.
Tampoco hay relación entre el mérito y la remuneración. No hay meritocracia. El sistema controla las plazas de la educación pública. Y es manejado mediante favores políticos por el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación Peruana (Sutep). Esa la columna vertebral de su enorme poder. La Derrama Magisterial no es sino su expresión material.
Alguna vez, de visita en Japón gracias a la generosa invitación de su gobierno, pregunté a un importante profesor de la Universidad de Tokio, una alta autoridad en educación japonesa a quien pedí ver, cuál era el momento clave de la historia de la educación en Japón. Me dijo que no era uno, sino dos: el primero ocurrió a mediados del siglo XIX durante la reforma Mei Ji: fue la enseñanza obligatoria de inglés en todas las escuelas públicas de Japón. El segundo fue a mediados del siglo XX, durante el gobierno provisional de Douglas MacArthur en Japón al final de la Segunda Guerra Mundial, y fue la cancelación del monopolio del gremio magisterial sobre las plazas de la educación pública japonesa. El Sutep japonés, nada menos.