Parresía: el congreso y la incapacidad moral

En Perú la Constitución en su artículo 1°, define taxativamente el objetivo y razón de ser tanto del Estado como de la Sociedad: – “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, son el fin supremo de la sociedad y del Estado”

La defensa, es entonces, la protección que ampara a, de todo aquello que  pueda ocasionarle daño, perjuicio; respetando la dignidad de, en tanto sea valorada la persona humana a través del ejercicio de sus derechos.

Así es cómo adquiere identidad la persona humana, como un sujeto de derecho, protegido por la sociedad y el Estado, bajo el imperativo de ser su fin supremo.

Todo acto que contravenga con este fin supremo, será entonces definido como ilegal, en relación a la Ley de leyes, a cuyo primer artículo debemos  la existencia de la persona humana como sujeto de derecho, inalienable y explícitamente prevalente,  cuando se deba decidir la disyuntiva, frente a cualquier otro bien jurídico.

Todos somos iguales ante la ley, reza el principio de igualdad, y esta, no acaba en su enunciación, sino en la posibilidad de su certeza en la praxis consuetudinaria, de manera que cada individuo encuentra en el otro, su símil, para ser tratado o para alcanzar una oportunidad que requiere para su bienestar, convirtiendo ello en un fin donde tengan las mismas opciones, todos los miembros de la sociedad.

El eje alrededor de los que giran los derechos consagrados en la Declaración Universal de los DDHH, es el concepto de dignidad como condición intrínseca a cada persona, y su menoscabo en cualquiera de las formas y por parte de cualquier ente, persona, Institución,  e incluso el mismo Estado está protegido por el derecho penal.

Muchas personas en mi andar  de escritor de poemas y algunos ensayos, me han acusado de falta de objetividad cuando verifico hechos que atentan contra la dignidad del hombre, y posiblemente tengan razón, porque no existe nada, que siendo tangible y materialmente percibido por nuestros sentidos, no nos suscite al mismo tiempo, un sentimiento, y en esa línea cada acontecimiento tiene su carga de subjetividad. (Y es así como llegamos a hacer valoraciones del grado de sensibilidad que nos diferencia, en una paradoja evidenciada a través de nuestros actos conductuales.)

Así las cosas, Perú atraviesa lentamente una de las más tenebrosas noches de su vida republicana, cuando el enfrentamiento de poderes del venido a menos sucesor de un presidente que renunciara, para evitar ser vacado por incapacidad moral permanente, no recurrió al mismo procedimiento, para evitar la tal declaración, con la que se denigra a la persona que ejerce el más alto cargo de la Nación.

En ambos casos, el “vacador”, utilizó los alcances del artículo 113 de la Constitución, para destituir al Presidente en ejercicio, y el primero, se diferencia del segundo, en la actitud frente a la acusación que se decide no por la razón de las pruebas que evidencian el motivo de vacancia, sino, por el número de votos requeridos, para ser admitida.

En el inciso 2, del artículo 113, se prescribe la vacancia de la Presidencia de la república por “Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso”

Las incapacidades mencionadas, tanto física como moral, han quedado sujetas a las discrecionalidad del Congreso, ellos deciden si un Presidente en ejercicio, por ejemplo quedó cojo, o mutilado de sus miembros, por un accidente, o sordo por cualquier otro accidente, inclusive ciego, si el número de votos exigidos son concertados, ya puede ser declarado incapaz permanente físicamente, y por lo tanto pasible de ser destituido, en un clara discriminación  mediante la que se denigra a la persona, contraviniendo el artículo 1°  en el fondo y forma de lo que prescribe, según como referimos al inicio del presente trabajo.

Pero más grave es lo concerniente a la “permanente incapacidad moral” de este inciso, porque nadie sabe definir con argumentos legales, como se establece que una persona sea o padezca permanente incapacidad moral. Concepto que podría ser ligado a la falta de capacidad de razonamiento, para distinguir el bien del mal, el idiotismo, o la pérdida del juicio por ser enajenado mental con cualquier grado de psicosis, o por razones de adicción a drogas alucinógenas, que en suma caracterizan a una definición, o concepto de lo que “podría” ser incapacidad moral permanente.

Así las cosas, la política, se enturbia con ambiciones e intereses de grupo, y se aprovecha del “vacío” constitucional, para satisfacerlas a costa de la dignidad del más alto cargo de la nación.

Perú está absorto al ver cómo en el Recinto de las Leyes, los legisladores por antonomasia, ha abogado a favor de la vacancia con argumentos vedados por el art 117 para vacar el cargo de la presidencia, “acordando” la incapacidad moral permanente del ahora ex presidente Vizcarra.

La reacción del pueblo en las calles no ha dejado que prospere este golpe institucional, que deforma los conceptos elementales de una democracia, desapareciendo la división de poderes, al haber concertado un acto ilegal e ilegitimo en todos sus extremos, creando una crisis cuyos resultados redundarán en perjuicio de todo el país, que hoy de luto y con la euforia que desata la ansiedad de justicia no vislumbra la solución al desgobierno, y la insurgencia civil.