Una investigación judicial que debe despojarse de inclinaciones políticas

La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, informó que el Ministerio Público ha iniciado las investigaciones por las muertes de Jack Brian Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo durante las manifestaciones, puesto que se debe esclarecer quienes son los responsables penales de dos personas que han muerto en la calle, en medio de manifestaciones callejeras, mitad pacíficas, mitad violentas, contenidas por la Policía Nacional, mediante sus armas de reglamento, su escudo protector, gases lacrimógenos y disparos de perdigones de goma.

Las investigaciones buscan identificar a los actores materiales de estas dos muertes, que se presumen policías.  Los hechos ocurrieron el viernes 13 de noviembre, quinto día de manifestaciones.  Se cuenta con los muchos videos tomados en las calles del centro histórico de la ciudad, puestos al parecer por la Municipalidad de Lima y entregados al Ministerio Público. Se conoce que uno de los difuntos habría recibido disparos de proyectiles de vidrio, canicas, y no de goma, mientras que el otro habría recibido once impactos en cara y cuello, procedentes quizás de perdigones de plomo  o, en su defecto, de cohetes lanzados, no al aire como es costumbre, sino a la cabeza de la víctima. Habrá también dictámenes forenses.

Además de los actores materiales, difíciles de identificar, está la llamada cadena de mando (el hombre de atrás) que puede tener responsabilidad penal, si ha dado una orden escrita u oral, con testigos, de actuar de manera más severa de lo normal, para conseguir que las marchas se disipen y la gente vuelva a sus casas. Hay quienes reclaman, asimismo, que se traslade estos dos casos al fuero policial-militar, si se considera que han sido presuntos delitos de función, siempre que se elimine previamente la posibilidad de que hayan sido alborotadores políticos, sicarios o exaltados mentales.

Por último, está la responsabilidad política, que alcanza a los funcionarios civiles -directores generales, viceministros y ministro del sector, en este caso, Interior- quien, asumiendo que le iba a recaer esta responsabilidad, optó adelantarse a los resultados de la investigación, renunciando irrevocablemente, jalando así a la mayoría de ministros de las distintas carteras, no se sabe bien por qué, porque ello no es común. De ahí a lo que ha declarado Zoraida Ávalos, que la investigación alcanzará al presidente Manuel Merino de Lama y al presidente del consejo de ministros Ántero Flores-Aráoz, hay una distancia excesiva, puesto que el jefe de estado es inimputable y el jefe del gabinete es ajeno al sector, salvo que haya dado órdenes precisas, de reprimir excesivamente a los manifestantes, lo cual no ha sucedido, salvo que se demuestre lo contrario.

La hipersensibilidad de un momento de crisis política nacional ha llevado a varias casas de estudio -PUCP, U. Cayetano Heredia, San Marcos, U. de Piura, U. Continental- a expresar en comunicados su inquietud y/o dar días libres a sus estudiantes, decisiones a mi parecer discutibles. Más discutible, por cierto, es la actitud del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que se apresuró a mostrar preocupación por el nombramiento constitucional de Manuel Merino de Lama como presidente de la República, pasando ahora a adelantar su felicitación a Francisco Sagasti, antes de su juramentación como presidente constitucional, es decir, la misma figura que el anterior. ¡Qué desparpajo!