La constitución y el Tribunal Constitucional

Hace pocos días leí en este mismo espacio un interesante artículo sobre la Constitución en los Estados Unidos de América, y algunas comparaciones con la nuestra

Lo cierto es que en países como la República Federal Alemana, Francia o los EEUU existen Cartas Magnas, que han constituido un Estado, bajo un ordenamiento jurídico que identifica a una Nación. Estas se denominan Constitución.  En el Perú, en cambio, aparece cada cierto tiempo, un conjunto normativo acomodado a ciertos propósitos que más bien podría llamarse —a falta de ello— un programa político. A  este le  llamanos Constitución

Lo anterior no solo es una opinión mía. Me lo recordó en cierta ocasión el presidente alemán Román Herzog, que fuera anteriormente presidente del Tribunal Constitucional de ese país.

Una Constitución, como su nombre lo dice, se da cuando se constituye un Estado, y tiene —igual como la partida de nacimiento de una persona natural— vigencia permanente. Solo se le enmienda por un curso legal, pero no se la cambia. Así el Perú aparece ante los ojos del mundo como un país con cerca de una docena de partidas de nacimiento o Constituciones. Nada saludable para generar confianza jurídica.

A esto, se suman una serie de factores. El más reciente lo acaba de mostrar el llamado Tribunal Constitucional, cuando se abstiene a pronunciarse sobre un tema tan trascendente como es la vacancia presidencial, y dirimir entre las competencias del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo

Más lamentable aún resultan las expresiones de uno de sus miembros que resalta la prensa, asumiendo que “no es prudente que el TC esté echando leña al fuego”. Ello es una declaración más política que jurídica.  Y refleja el estado en que se encuentra nuestro caro —costosísimo— aparato judicial.

El Perú se ha acostumbrado que los “méritos” de magistrados se resuman en no pronunciarse o, como lo hacen algunos jueces, a enviar a personas a la cárcel. En ocasiones para que la prensa pueda tomarles fotos que ilustran las primeras planas.  No existe —lo que es fundamental en cualquier parte del mundo— la justicia reparadora.  En forma poco responsable, el Tribunal Constitucional  elude asumir una posición, reparadora. Ello equivale a decir algo así como “para que voy a sentenciar al asesino, si la víctima ya murió”.

Otro de los aspectos que se han pasado por alto es que los tribunales están obligados a dictar sentencias, no sólo para castigar, sino principalmente para prevenir el que se cometan delitos.

Con esta actitud el TC ha evidenciado un comportamiento más político que jurídico. Y se suma a lo que se critica de nuestra burocracia: la fobia a tomar decisiones, quizá para no arriesgar un bien pagado puesto de trabajo.

Si en el Perú tuviéramos más juristas que abogados prevalecería una cultura jurídica, en la que lo fundamental sería no la cárcel como objetivo, sino restituir al perjudicado el daño causado, así como prevenir a  la sociedad en general de que se cometan  actos injustos.