La institucionalidad democrática no existe sin ciudadanía

La ciudadanía no son las masas  encanalladas, las masas encanalladas son  una muchedumbre de individuos manipulados, engañados. Los grupos políticos, religiosos o económicos tienen entre sus objetivos el control de la masa, que es más fácil que el control del individuo. La manipulación comienza por una relación emocional, un estado en el que parece que se comparten ideas políticas, religiosas o instrumentales, intereses culturales, económicos, lúdicos o sociales. En la relación de manipulación existe una parte activa, el manipulador, y otra pasiva, el destinatario objeto de la manipulación, la masa. Pero es indispensable un tercer elemento, que es el medio.  El filósofo y sociólogo Herbert Marcuse subrayó la importancia de los medios como máquina fundamental para la manipulación, subrayando que «la función básica de los medios es desarrollar falsas necesidades de bienes y servicios fabricados por las corporaciones que convierten al individuo en esclavo del consumo y la pasividad política». Por lo tanto, el consumidor puede ser el objetivo de la manipulación mediante la publicidad y la propaganda. En nuestros episodios recientes la mal denominada  generación del bicentenario ha sido ese consumidor.

No creo que tal generación del bicentenario exista,  es solo una masa manipulada, es parte de la propaganda compuesta por jóvenes  mayoritariamente influenciados por una propaganda malévola  y los intereses de los medios de prensa. La generación del bicentenario, será aquella que deberá formarse, en valores democráticos, dotada de Pensamiento Crítico, que cuente con información adecuada y que sea capaz de ejercer  un raciocinio individual, antes que ser  infectados por  el  hedonismo de lo políticamente correcto. La generación del  bicentenario, será la creación heroica de forjar ciudadanos que asuman responsabilidades, que paguen impuestos, y que gocen y ejerzan derechos respetando los límites de la ley, respetando el derecho de los demás.

Solo los ciudadanos conscientes, y no embriagados en la exclusión de la razón en el obrar, en la  reacción rápida y emocional y con una capacidad especial para ser influenciada, podrán entender el caro concepto de la institucionalidad tantas veces mencionada, y muchas más veces distorsionada a los  gritos de la masa inconsciente.

En el mundo convulsionado y confuso de hoy, parece bastante obvio defender las democracias: el sistema menos malo de gobierno, como dijera Churchil. Con todos los defectos, abusos, injusticias y corrupción, sigue siendo el único sistema que garantiza, de algún modo, aunque con falencias, los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la participación ciudadana. La principal característica de una democracia es la independencia de los poderes públicos, el respeto de cada uno de ellos hacia las facultades y obligaciones de los otros, el no inmiscuirse ni presionar decisiones de un órgano a otro.

Montesquieu sigue vigente y debe estar mas vigente ahora,  el decía “cuando el poder legislativo está unido al poder ejecutivo en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad porque se puede temer que el monarca o el Senado promulguen leyes tiránicas para hacerlas cumplir tiránicamente. Tampoco hay libertad si el poder judicial no está separado del legislativo ni del ejecutivo. Si va unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos, sería arbitrario, pues el juez sería al mismo tiempo legislador. Si va unido al poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor”. El Ciudadano Vizcarra, de alguna manera tenia a los poderes del estado controlados maniatados, el gobernaba en el ministerio público, en la junta nacional de justicia y puso u parlamento a su justa medida. (De otra forma no hubiera disuelto el parlamento,  aunque esta fuera una medida que agrado al pueblo, un ingrediente populista a tener en cuenta)

Formalmente, aparecen los órganos diferenciados en las estructuras de los Estados, sin embargo, con frecuencia en la práctica de la creación, desarrollo y ejecución de las leyes y la aplicación de la justicia, en el discurrir de las democracias, la realidad linda con lo citado por Montesquieu. La interferencia de un órgano en otro es real, a veces un poco camuflada y otras tantas de forma totalmente abierta, como ya es el caso de Venezuela.

María Sol Navia, exministra de Trabajo de Colombia, sostuvo en un artículo publicado en Portafolio en el 2016 que; “bajo distintas formas y prácticas, los gobiernos ejercen presión sobre la justicia y el poder legislativo, sin que necesariamente sean dictaduras o tiranías, y esto va minando las democracias lentamente hasta corroer la esencia misma del concepto y sus principios fundamentales. Hoy, en muchos países esta autonomía se irrespeta y, más aún, se han ingeniado diferentes estrategias para, desde gobiernos totalitarios o autoritarios, dirigir las decisiones judiciales a conveniencia de estos.

Los procesos políticos se han judicializado y la justicia se ha convertido en herramienta política. De esta forma, no hay independencia de los partidos y fuerzas políticas para el ejercicio transparente y libre de sus derechos, y para el cumplimiento de la importante función que tienen dentro de una democracia, como canales institucionales entre el ciudadano y el Gobierno o el legislativo.

Otro rasgo fundamental de la democracia es la imparcialidad de los medios de información, el respeto a las opiniones, la transparencia en la información, la ausencia de presiones en forma de castigo, o recompensa, para estos medios de acuerdo con su comportamiento. Similar predicamento se aplica a las asociaciones gremiales, profesionales y sindicales, las cuales deben distinguirse por la libertad de sus opiniones, libres de presiones políticas. El principio de estabilidad jurídica, de cosa juzgada, el cierre de los procesos y fallos definitivos, que ofrezcan certeza a las decisiones judiciales es otro pilar que no debería ser vulnerado. De lo contrario, se genera un gran temor e incertidumbre a ciudadanos y empresas.

Actualmente, existe preocupación en muchos Estados, ya que estos requisitos han ido difuminándose y, poco a poco, los vicios han minado la confianza en las instituciones y en los procesos políticos.

Es de vital importancia para la supervivencia de sociedades civilizadas, contar con instituciones suficientemente fuertes que garanticen el respeto de los derechos individuales y colectivos”.

La institucionalidad es el imperio de un estado de derecho  donde los procesos son el instrumento preferente para guiar la conducta de los ciudadanos. Por cierto la transparencia, la predictibilidad, y la generalidad, están implícitas en él. Esto conlleva a que se facilite las interacciones humanas, permite la prevención y solución efectiva, eficiente y pacífica de los conflictos, y ayuda también al desarrollo económico sostenible y a la paz social. Para tener un Estado de Derecho efectivo es necesario una ciudadanía consciente.