Entre la provisionalidad, el virus y las elecciones

El Perú vive estos últimos años una exacerbada provisionalidad, que ha copado las mas altas instancias del Estado, del Gobierno y de la consciencia de sus ciudadanos. Ya casi no existe una institucionalidad democrática, y con ello se hace cada vez más patente la inviabilidad de una República, de un gobierno, cualquiera el tinte que este tenga.

En el mundo convulsionado y confuso de hoy, parece bastante obvio defender las democracias: el sistema menos malo de gobierno, como dijera Churchill. Con todos los defectos, abusos, injusticias y corrupción, sigue siendo el único sistema que garantiza, de algún modo, aunque con falencias, los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la participación ciudadana. La principal característica de una democracia es la independencia de los poderes públicos, el respeto de cada uno de ellos hacia las facultades y obligaciones de los otros, el no inmiscuirse ni presionar decisiones de un órgano a otro.

Hoy, en muchos países esta autonomía se irrespeta y, más aún, se han ingeniado diferentes estrategias para, desde gobiernos totalitarios o autoritarios, dirigir las decisiones judiciales a conveniencia de estos. Lo que no es ajeno al Perú. Los procesos políticos se han judicializado y la justicia se ha convertido en herramienta política. De esta forma, no hay independencia de los partidos y fuerzas políticas para el ejercicio transparente y libre de sus derechos, y para el cumplimiento de la importante función que tienen dentro de una democracia, como canales institucionales entre el ciudadano y el Gobierno o el. Otro rasgo fundamental de la democracia es la imparcialidad de los medios de información, el respeto a las opiniones, la transparencia en la información, la ausencia de presiones en forma de castigo, o recompensa, para estos medios de acuerdo con su comportamiento. Similar predicamento se aplica a las asociaciones gremiales, profesionales y sindicales, las cuales deben distinguirse por la libertad de sus opiniones, libres de presiones políticas.

En el Perú hoy campea la informalidad, la provisionalidad los aventureros y los oportunistas. Personajes que son capaces de comprar seudo partidos o crearlos, o acomodarse en alguno que otro como si de una probeta se tratara. Su popularidad obedece solo a encuestas de dudosa procedencia. Carecemos de liderazgos, de propuestas, de visión de futuro, y en el mejor caso se repiten conceptos y slogans gastados como la llamada “Segunda Independencia”, “Segunda Reforma Agraria” de las que ya hizo uso y abuso el Sr. Allende, o el “Cambio de Constitución” como ya fue un argumento en Venezuela, Bolivia y ahora también en Chile. Los sectores progres inundan de clichés vacíos el debate nacional, mientras no termina de definirse una propuesta seria de una Derecha peruana, casi inexistente y en muchos casos furgón de cola de la progresía.

La provisionalidad política en la política y ahora en el gobierno, en las instituciones del Estado, en las organizaciones políticas, solo abonan en este sentido, a lo que se suma una gestión también precaria, irresponsable y poco eficiente de la crisis que ha producido el virus, la Pandemia pareciera ser un elemento gracioso que  también suma en este sentido; sin dejar de  contribuir a una creciente corrupción en su nombre.

Uno solo, pareciera ser el objetivo; destruir las bases del mismísimo Estado, ya sea por la provisionalidad o ya sea por la generación de conflictos sociales que atacan directamente al esquema productivo de esta nación. Se han impedido proyectos mineros, la construcción de Hoteles , la expansión del agro, se ha ido contra  el Turismo, etc. La pandemia es un argumento  sacado de la peor pesadilla y solo ha  contribuido  a esto. A mantener la provisionalidad y un Estado de desesperanza que beneficia a ciertos personajes inescrupulosos, en lo personal y en lo político. Sin que exista una voz seria y racional que canalice este debate. Sera por eso que ahora se empieza a deslizar la posibilidad de suspender las elecciones o postergarlas. Porque ante la falta de propuestas y la irrupción de monigotes candidatos, aun no se vislumbre alguna clara preferencia.

 Aunque este ultimo tema termina cayendo en un vacío legal, no deja de ser posible, frente al avance brutal de la crisis sanitaria, si es que solo primara la sensatez, lo que dudo; yo creería más bien, que desde Vizcarra se pretendió usar el tema sanitario como pretexto para mantener la precariedad política, la provisionalidad institucional, y que ahora ha dejado probar sus mieles, o más bien sus “tortitas” a la minoría morada, que nadie eligió y  que cada día es más colorada. 

Aunque la idea de suspender la elecciones desde los sectores de la progresía no deja de colisionar con otros argumentos que ellos fomentaron como fuera impulsar  las protestas desde para precisamente encumbrar  un morado y provisional presidente, o desde el mismo gobierno que con una pésima gestión de la  enfermedad solo ha credo mas caldos de infección, y garantizado una mayor  catástrofe al ser incapaz de comprar vacunas, dotar de oxigeno a los hospitales, o simplemente  contratar médicos y profesionales sanitarios. Ni que decir de sus experimentos sociales de género impulsados por un ahora candidato progre. 

Pareciera que todas estas acciones han sido encaminadas a usar este tema como argumento para lograr una suspensión del proceso electoral. Pero un país que trabaja es un país que pue ir a votar, eso si con el cumplimiento de las medidas necesarias. La pandemia no puede ideologizarse ni ser argumento de intereses electoreros o de continuidad en el poder ilegitimo.

De suspenderse las elecciones sin consenso, el riesgo que sumiría al Perú en una crisis inédita es muy grande. La ley electoral no contempla situaciones excepcionales como la pandemia para un aplazamiento de los comicios. Solo un acuerdo de todos los partidos como solución para que no haya impugnaciones «si por razones derivadas de la protección del derecho a la salud por la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia generada por la covid-19 el desarrollo del proceso electoral no se pudiera llevar a cabo con las garantías de salud pública necesarias», se podría «dejar sin efecto» la convocatoria y «posponer la votación para una fecha posterior que ofrezca dichas garantías». 

La ciudadanía debe exigir, por su parte, que el gobierno movilice los recursos necesarios para preparar el dispositivo electoral porque, empezando por las vacunas, llevamos mucha mala gestión y demasiado retraso. Las elecciones son necesarias y que, en caso de tener que posponerlas, debería hacerse bajo criterios sanitarios y no «partidistas ni electoralistas». 

Vacío legal en la normativa electoral, este maremágnum de ideas nos deja de momento en la incertidumbre acerca de si se celebrarán o no elecciones cuando apenas queda dos meses para que llegue la fecha elegida, pero lo que parece claro es que, a día de hoy, una suspensión de los comicios no obtendría el aval de todos los partidos. A las posturas políticas se añade el hecho de que la legislación electoral no prevé situaciones a las que hacer frente en caso de que una emergencia sanitaria limite o directamente impida el ejercicio del voto. Al no haber legislación concreta sobre en qué situaciones extraordinarias pueden aplazarse unas elecciones, cualquier partido podría recurrir ante los tribunales la norma de desconvocatoria. Según expertos en Derecho Constitucional, la decisión de los jueces dependería de la interpretación que hicieran, es decir, si se basaran únicamente en la Ley Electoral y en la ausencia de escenarios para un aplazamiento, o si tendrían en cuenta otras leyes como las sanitarias en las que se regulan mecanismos para hacer frente a pandemias como la del coronavirus. Cualquier aplazamiento o suspensión debería ser  producto del Consenso para evitar impugnaciones para evitar un escenario político de lo más inestable. 

Solo queda proceder con «mucha cautela ante una falta de previsión legal». «Suspender la democracia puede traer cosas que no son buenas para la democracia».