Perú 2021: El escenario político ante la segunda vuelta electoral

Una dificil situación pero hay que votar

Las elecciones presidenciales y parlamentarias del pasado domingo 11 de abril han dejado un difícil resultado. Ocupó el primer lugar, con importante ventaja (19%), el partido Perú Libre, el partido del “lapicito”, cuyo candidato presidencial es Pedro Castillo, profesor de 51 años nacido en Puña, distrito de Tacabamba, provincia de Chota, en Cajamarca. Este partido se proclama “marxista, leninista y mariateguista” y su candidato es un maestro sindicalizado afiliado al SUTEP-CONARE (el sector más radical), que se hizo conocido como líder de la violenta huelga magisterial de junio a septiembre de 2017. 

Castillo defiende sin ambigüedades a Lenin, a los comunistas cubanos, al venezolano Nicolás Maduro, al ecuatoriano Rafael Correa y al boliviano Evo Morales, los considera inspiradores y correligionarios. Ha prometido convocar a un Congreso Constituyente para poner fin al “modelo neoliberal”, nacionalizar empresas, cancelar proyectos mineros, restringir la libertad de prensa y telecomunicaciones, realizar una nueva reforma agraria, suprimir los exámenes de ingreso a las universidades e indultar a “luchadores populares que sufren injusta prisión”, como sería el caso de Antauro Humala (con sentencia de cárcel por liderar el alzamiento armado de Andahuaylas de enero del 2005, donde murieron 4 policías y dos subversivos). Otro inminente indultado sería Vladímir Cerrón, presidente e “ideólogo” de Perú Libre, culpable de actos de corrupción siendo presidente regional de Junín.

En segundo lugar quedó el partido Fuerza Popular (13%), cuyo símbolo es la letra K de su lideresa Keiko Fujimori, administradora de empresas de 45 años, nacida en Lima, hija del ex presidente que todos recordamos y que actualmente está en prisión, al igual que su socio, Vladimiro Montesinos. Ella misma afronta un proceso por “lavado de activos” de un millón de dólares entregados en forma ilícita por la constructora brasileña Odebrecht para su campaña política del 2011. Por esta razón sufrió dos “prisiones preventivas”: la primera de octubre del 2018 a noviembre del 2019 y la segunda de enero a mayo del 2020. Keiko promete indultar a su padre.

Con las presentes elecciones ya son tres veces que Keiko compite en la segunda vuelta electoral. En 2011 perdió ante Ollanta Humala y el 2016 perdió ante Pedro Pablo Kuczynski. Keiko defiende la trayectoria política de su padre, a quien acompañó como primera dama de la Nación entre 1994 y 2000. En los últimos años, entre 2016 y 2020, el grupo parlamentario “naranja” estuvo involucrado en sucesivas denuncias sobre tráfico de influencias, fraude en la contratación de personal y equipamiento para el Congreso, colusión con gobiernos regionales corruptos, obstrucción a la justicia e incluso acoso sexual. Keiko, en el extremo opuesto al sutepista Castillo, ha prometido “mano dura” contra los huelguistas que bloquean carreteras, fortalecer las garantías a la inversión privada minera y abogar por la formalización de la pequeña y mediana empresa. Lo fundamenta en un documento denominado “Rescate 2021, Plan de Rescate y Reconstrucción Nacional”.

Castillo y Fujimori tuvieron como principal ventaja frente a sus rivales contar con una verdadera organización nacional. Los demás candidatos han sido principalmente mediáticos. Castillo se apoyó en la organización sindical magisterial y Keiko Fujimori en su organización partidaria, desarrollada por años a nivel nacional. Sin embargo, tampoco tuvieron una votación aluvional. Llegaron, como se dice, “con las justas”. Tal como indica el DS Nº 122-2020 que norma el actual proceso electoral, ninguno de los dos tuvo más del 50% de los votos válidos el pasado domingo 11 de abril, por tal razón se realizará una segunda vuelta electoral el domingo 6 de junio. Aquí empiezan los problemas.

Muchos ciudadanos han empezado a propagar en las redes “memes” que proponen votar en blanco o viciado. Que “no hay que votar por el cáncer terminal ni por el Covid19”. Otros ponen claramente “Keiko jamás” y “todos los Fujimori a la cárcel”. Tampoco faltan los izquierdistas entusiastas que propagan “Castillo, revolución”, asociando su imagen con la de Túpac Amaru y el general Velasco. Otros, como nuestro laureado escritor Mario Vargas Llosa, Premio Nobel 2010, opinan que se debe votar por Keiko porque “es el mal menor” al lado de Castillo, con quien el país estaría “asomándose al abismo” (La República, domingo 18 de abril 2021).

El clima político se ha polarizado, crece el escepticismo hacia los dos candidatos y en verdad está tomando impulso un fuerte rechazo a las elecciones, mientras la pandemia sigue extendiéndose y el gobierno provisional del señor Sagasti es incapaz de vacunar ni a medio millón de peruanos. Corremos el peligro de que aquellos cenáculos comunistas de línea dura ilusionados con el profesor Castillo sean los que decidan la segunda vuelta ante una gran mayoría nacional indiferente “ante el abismo”.

Lo primero que debemos considerar es que se debe ir a votar el 6 de junio y no debemos abstenernos. Sea quien sea que ocupe Palacio de Gobierno, lo primero que debemos lograr es superar la precariedad, la ausencia de un gobierno legítimo. Que se vaya el gobernante provisional actual y se restablezca la independencia de los poderes públicos. Lograr esto, con Castillo o con Keiko, ya es un buen punto de partida. 

Ha sido una elección con muy pocos votos, que no se repita 

De acuerdo al resultado brindado por la ONPE, al 100% de actas contabilizadas, José Pedro Castillo Terrones recibió el respaldo de 2’681,404 votantes (19.097% de los votos válidos y 15.672% de los votos emitidos), mientras que Keiko Sofía Fujimori Higuchi tuvo 1’876,369 votos (13.363% de los votos válidos y 10.957 de los votos emitidos). Atrás quedó

Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con 11.700% de los votos válidos y Hernando de Soto (Avanza País) con 11.594% de los mismos, que disputaban el segundo lugar electoral con Keiko. 

Comparemos estas cifras con los totales nacionales de participación. Según los informes de la ONPE, el 16 de abril deberían votar 24’368,387 ciudadanos. Acudieron a votar 17’109,277. No obstante la multa, 7’259,110 ciudadanos no acudieron a votar. Hubo 29% de ausentismo. En la reciente elección parlamentaria del 26 de enero de 2020, sin pandemia de por medio, hubo 26% de ausentismo. Nos consta que esta vez se tomaron medidas especiales para que los electores de mayor edad puedan cumplir con emitir su voto con el menor riesgo para su salud ante la pandemia del Covid19. Y ciertamente muchos lo hicieron. Aun así, es indudable que el desinterés ciudadano por las elecciones ha crecido.

De los ciudadanos que votaron, que fueron 17’109,277, votaron en blanco 2’138,495 (el 12.4%) y votaron nulo 929,696 (5.4%). Los votos válidos fueron 14’041,086 (el 82% de 17 millones). Es preocupante señalar que los blancos y nulos sumaron en total 3’068,191 votos (17.8% de los votos emitidos), una cantidad de votos mayor a la lograda por el candidato Castillo (15.6% de los votos emitidos) y muy superior a cada uno de los demás candidatos. 

Pero si sumamos los votos blancos y nulos (3’068,191) al total de votantes ausentes en las urnas (7’259,110), tenemos la alarmante cifra de 10’327,301 ciudadanos (el 42% de los electores hábiles) que no se sienten representados ni por las elecciones ni por los resultados.

Resulta entonces que el resultado electoral de la primera vuelta tiene muy pobre respaldo ciudadano. Y es evidente que la norma vigente está equivocada. Tenemos que acudir a una segunda vuelta electoral porque ninguno de los candidatos obtuvo más del 50% de los votos, pero no se considera inaceptable que ningún candidato llegue siquiera al 25% de los votos válidos. Escoger en la segunda vuelta entre dos candidatos que tuvieron menos de 3 millones de votos y menos del 20% de los votos válidos es absurdo. 

Debe darse una enmienda constitucional que establezca con toda claridad: si ningún candidato tiene más del 50% de votos válidos debe haber segunda vuelta pero si previamente ningún candidato ha obtenido más del 25% de los votos válidos, la elección debe realizarse de nuevo. Ya no en estas elecciones pero sí para las siguientes. Deben llegar a la segunda vuelta candidatos que realmente sean representativos de la voluntad popular. Urge una iniciativa ciudadana que tome en cuenta esta idea y sea puesta a consideración de los dos candidatos de la segunda vuelta.

Los votos blancos y nulos nunca son una solución

Algunos descontentos, incluso personajes de cierto renombre, están llamando a votar en blanco o nulo. Es un error. El ciudadano poco informado y descontento puede optar por una decisión de este tipo pero no puede hacerlo un ciudadano informado y con un mínimo de conciencia democrática. Desde el punto de vista estadístico, aumentar la cifra de votos inválidos ayuda a que esos candidatos menospreciados sean elegidos con menor cantidad de votos hábiles. Se les hace un favor. Y desde el punto de vista político es una irresponsabilidad. Hay que votar por uno de los dos candidatos y exigirle que cumpla determinadas garantías y promesas.

Según las normas del Jurado Nacional de Elecciones y de la ONPE, si dos tercios de los votos emitidos es blanco o nulo (66%), procede la anulación de esas elecciones y deben realizarse nuevamente. Esto se basa en el Art. 184º de la Constitución, donde se señala: “El Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un proceso electoral, de un referéndum o de otro tipo de consulta popular cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del número votos emitidos. La ley puede establecer proporciones distintas para las elecciones municipales”.

Para el caso de la segunda vuelta, esto se interpreta como una repetición de la elección con los mismos dos participantes, lo cual es absurdo. Si la segunda vuelta fracasa por registrarse más de dos tercios de votos blancos y nulos quiere decir que la primera vuelta también fracasó, que la selección de candidatos no tuvo el respaldo ciudadano necesario. En este caso el Tribunal Constitucional debería hacer que todo el proceso de las dos vueltas se repita. Incluso es necesario ir más allá y exigir que solo baste con el 50% de votos blancos o nulos para anular dicho proceso electoral, ya que más de la mitad de los peruanos rechazan a ambos candidatos —es decir, de ser el caso que más del 50% de los votos sean blancos o nulos el proceso electoras debe reanudarse en una primera vuelta con los mismos y/o nuevos candidatos. Esta última modificación constitucional es de real importancia ya que en ella prevalece el derecho y el deber ciudadano de no elegir a uno de dos candidatos que representen una hecatombe o amenacen el destino y la voluntad del pueblo. 

Un Congreso que quizás será peor que el anterior

Como hemos señalado, hace daño a la democracia que la tengamos más votos blancos y nulos que votos electoralmente definidos. Para evitarlo, no debe admitirse que la segunda vuelta sea entre candidatos que ni siquiera lograron más del 25% de votos efectivos (3 millones de votos). Si en la primera vuelta nadie tuvo más del 25% de la votación válida no puede haber segunda vuelta.

Esta propuesta es tanto más importante desde que con la ley actual, esas votaciones menores al 25% son las que deciden quiénes ocupan curules en el Congreso. Una vez más vamos a tener 130 congresistas elegidos con porcentajes ínfimos y bajo criterios de selección deficientes. 

Hace pocos días, tras mucha protección de sus colegas, ha sido suspendido el congresista Edgar Alarcón, de Unión por el Perú, por probados actos de corrupción, quien además tiene título profesional fraudulento. En reemplazo ocupará su curul Héctor Arias Cáceres, un sentenciado por delito contra la seguridad pública y por homicidio culposo, que obtuvo apenas 20 mil votos en enero del 2020. ¿Cómo llegaron estos personajes al Congreso? Evidentemente no hay criterios claros ni procedimientos rigurosos para aceptar las candidaturas. Y eso debe terminar.

De acuerdo con los resultados, han logrado curules congresales los siguientes partidos que alcanzaron más del 5% (535,000) de los votos válidos: Perú Libre (36), Fuerza Popular (24), Alianza para el Progreso (17), Acción Popular (15), Renovación Popular (13), Avanza País (7), Juntos por el Perú (6), Podemos Perú (5), Somos Perú (4) y Partido Morado (3). Quedaron fuera por tener menos del 5% de votos válidos y/o no tener congresistas electos en más de una región: Victoria Nacional, UPP, FREPAP, PPC, PN, Frente Amplio, Democracia Directa, Runa, Patria Segura y Contigo.

Sin duda pronto sabremos que muchos de ellos nunca estudiaron lo que aseguran, no tienen antecedentes laborales confiables, deben a diestra y siniestra e incluso no tienen una vida familiar ejemplar. Hasta las próximas elecciones, como dice el viejo adagio latino, “con estos bueyes debemos arar”.

Certezas que son dudas y dudas tomadas como certezas

 La fracasada candidata comunista de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza (tuvo el sexto lugar electoral con 7.8% de los votos válidos y apenas 6 congresistas), afirma que frente al también comunista Castillo “hay dudas” pero frente a Keiko Fujimori “hay certezas”. Lo mismo afirma el otro candidato comunista, Marco Arana, líder del Frente Amplio y ex socio de Mendoza (humillantemente aplastado con el 16º lugar, 0.4% de los votos válidos, ningún congresista y la pérdida de la inscripción electoral).

De acuerdo con esto, Keiko Fujimori sería “el cáncer” (enfermedad incurable) y Castillo “el Covid19” (que por lo menos tiene vacuna). En verdad es exactamente al revés. El grupo de Keiko Fujimori tiene malos hábitos políticos, negociados muy discutibles con gobiernos regionales, le gusta el nepotismo y el copamiento del poder, bloquea iniciativas de sus adversarios así sean justas y defiende a sus asociados a rajatabla así merezcan ser investigados y sancionados. El conflicto entre Keiko Fujimori y su hermano Kenji en torno al indulto a favor de su padre y la vacancia del presidente Kuczynski en el 2017 (con el congresista ‘topo’ de Keiko Fujimori, Moisés Mamani, el acosador de aeromozas, filmando a Kenji y sus aliados fingiendo darles su apoyo) nos mostró cómo ha sido el fujimorismo siempre, con o sin Vladimiro Montesinos.

Sin embargo, el grupo de Keiko Fujimori está dentro del ‘ring de box’ democrático. Es el boxeador que pega debajo del cinturón y finge que lo golpearon más de la cuenta, pero lo tenemos allí frente a nosotros, compartiendo un mínimo de leyes y normas que nos sirven para, por lo menos, controlar sus excesos. Es además la víctima de las intrigas judiciales del mismo grupo de jueces y fiscales que frente a Toledo, Humala, Alan García, Kuczynski y Keiko Fujimori, adoptaron la estrategia de utilizar evidencias para formular cargos desmedidos, que nunca terminan de investigarse, pero permiten imponer

“prisiones preventivas”, junto con restricciones que anulan la actividad profesional y política del inculpado. De este modo perjudican a cierto sector político y favorecen a otro. 

Sin duda, Keiko recibió donaciones de cerca de 1 millón de dólares del grupo Odebrecht para su campaña del 2011 y optó por disimular estos ingresos en pretendidas “polladas”, rifas y colectas. Aparecieron supuestos “donantes” que no tenían ingresos suficientes. Evidentemente es algo reprobable y una falta ante la ley. Pero la acusación fiscal es “ser líder de una organización criminal para lavado de activos”. El partido Fuerza Popular sería una organización criminal, lo cual es absurdo, y gastar el dinero en la campaña sería “lavado de activos”, algo igualmente absurdo. Y como esta gravísima acusación carece de pruebas, el proceso se alarga por años. Incluso se le impuso una “cárcel preventiva” de casi dos años (iba a ser de tres años) que no coincidía con la acusación. Todo esto tuvo como fin impedir que Keiko Fujimori postule en las presentes elecciones.

No lo lograron, pero se mantiene el impedimento de libre tránsito por el país. El fiscal José Domingo Pérez, rompiendo toda sindéresis profesional, amenaza con nuevos procedimientos porque “si sale elegida el proceso se interrumpe” (El Comercio, 16 de abril 2021).

Como puede comprobarse en múltiples declaraciones y artículos, para la señora Mendoza y el señor Arana, más los ubicuos periodistas, “influencers” y parásitos de ONG’s que hacen eco de sus opiniones, las “certezas” contra Keiko Fujimori serían nada más y nada menos que “ser líder de una organización criminal de lavado de activos”, es decir, dan por hecho lo que no ha sido probado judicialmente (ver a Mendoza en La República, 13 de abril 2021). Esta actitud es más que suficiente para descartarlos. Que sus opiniones no sirven es una certeza absoluta.

Quién es el cáncer y quién es el Covid

Con todas sus anomalías, Keiko Fujimori es una defensora del orden social democrático y defiende sus garantías básicas. En su Plan de Gobierno figura en un lugar central: “Asegurar la vigencia, defensa y consolidación del sistema democrático y del Estado de Derecho del país”. Esto no figura en el Plan de Gobierno de Pedro Castillo, titulado “Ideario y Programa”, que dicho sea paso, tiene como autor al presidente del partido y primer lugar en la lista al Congreso, Vladimir Cerrón, ex presidente regional de Junín condenado con cuatro años de prisión suspendida y pago de reparación civil por manejo doloso de obras públicas.

Mientras Keiko Fujimori defiende la Constitución de 1993 para que no se alteren las oportunidades para la inversión privada, Castillo quiere abolirla. Su propuesta es una nueva Constitución, sobre todo para restituir las atribuciones del Estado para intervenir en la economía y crear una costosa red de empresas públicas. En este aspecto les parece insuficiente restituir la Constitución de 1979. Dice el Plan de Gobierno de Castillo: “La Constitución de 1979 no era la expresión del interés popular sino era conservadora, defensora de la oligarquía empresarial, pero reservaba al Estado una ventana para salvaguardar algunos intereses” (p. 10).  

Perú Libre considera la Constitución de 1993 como algo repudiable, por ser mercantilista. Afirma que “es mercantilista porque todo pone en función de dos perversas leyes, la oferta y la demanda, que ha conllevado a que no cuenten en la sociedad los principios y valores, sino la rentabilidad económica que pueden obtenerse producto de cualquier acto lícito o ilícito” (p. 10). Señalan como los principales males del país “la libertad de mercado, libertad de empresa, libertad de industria y libertad de finanzas” (p. 10), es decir, toda la actividad privada en su conjunto.

Castillo y Perú Libre proponen “una Constitución solidaria, humanista, rescatista y nacionalizadora” que debe elaborarse “mediante una Asamblea Constituyente, la misma que debe concluir en el desmontaje del neoliberalismo y plasmar el nuevo régimen económico del Estado” (p. 12). Y aclara que los “parámetros” de la futura Constitución “han sido tomados de la experiencia gubernamental de la República Plurinacional de Bolivia y de la República del Ecuador, del gobierno de Morales y Correa, respectivamente. El primero se refiere al Modelo Social Económico Comunitario Productivo y el segundo al modelo de la Revolución Ciudadana” (p. 12).

Luego sigue una larga lista de nacionalizaciones y regulaciones estatales. Ocupan un extenso espacio las medidas relacionadas a temas educativos e informativos: “Nueva escuela pública orientada a la liberación” (p. 17); “Democratización económica en medios de comunicación privado, estatal y alternativo” (p. 27); “Ley que regula los medios de comunicación” y “Eliminación de los programas basura” (p. 28). En esta sección leemos lo siguiente. “Gran razón tenía Lenin cuando manifestó que la verdadera libertad de prensa en una sociedad solo es posible cuando ésta se libere del yugo del capital” (p. 30). A diferencia de Verónika Mendoza o Marco Arana, que dicen ser marxistas “creativos” y “heterodoxos”, aquí estamos ante un pensamiento comunista ortodoxo.

Este ambicioso plan, obviamente, abarca mucho más que un período presidencial. Resulta lógico entonces que en los medios y redes se haya publicado el 17 de abril un audio donde Vladímir Cerrón anuncia que Perú Libre “se quedará en el poder” porque “el proceso de las elecciones y ganar un gobierno es solamente un elemento que va formando todo el engranaje del poder”. Sus palabras glosan al Che Guevara.

Frente a todo esto, Keiko Fujimori propone la concordia nacional, tomar medidas urgentes frente a la pandemia y desarrollar políticas de creación de empleos. También anuncia “iniciar la reforma del sistema previsional y de desempleo, el sistema de salud, tributario y financiero y la reforma del sistema de gestión del Estado”. En cuanto a la minería, Fujimori propone “continuar con las inversiones y garantizar la normativa ambiental, así como reformular la legislación sobre la pequeña minería y la minería artesanal”. Fuerza Popular creará el programa Prompyme, formará “una comisión nacional para la formalización (Conafor)” y “desarrollará el sector turismo de nivel mype a través de préstamos dados por COFIDE”.

Para controlar la pandemia por COVID-1, el Plan de Gobierno de Keiko Fujimori propone “detección temprana de los casos, rastrear a los infectados, aislarlos en sus casas y otorgarles una ayuda alimentaria”. Del mismo modo se propone una «administración adecuada y paulatina de las vacunas», así como “preparar al Perú para una próxima pandemia”. También se propone hacer una “reforma integral de salud y avanzar hacia una seguridad social universal». Igualmente, Fuerza Popular propone “luchar contra el abandono y la deserción en la educación, incluir en el currículo enseñanzas basadas en valores, protección del medio ambiente, tolerancia y respeto y dar soporte a la educación a distancia”.

Visto todo esto cabe preguntarse, ¿quién es el mal vacunable y tratable y quién es el cáncer incurable? Keiko Fujimori es un problema, pero Pedro Castillo, Vladímir Cerrón y Perú Libre son una amenaza.

Para finalizar

En mi opinión, debemos reflexionar con preocupación sobre estas elecciones en las que cada uno de los dos primeros lugares tuvo menos del 20% de los votos válidos, donde blancos y nulos suman el 19% de los votos emitidos y hubo 29% de ausentismo. La segunda vuelta se realizará entre dos contendores poco representativos de la mayoría ciudadanía y eso pone en peligro la solidez de la democracia.

Tendremos un nuevo Congreso elegido en estas pobres condiciones, con deficientes sistemas de verificación de la idoneidad de los candidatos y un pobre respaldo de votos en sus respectivas localidades.

No obstante todo esto, creo que no se debe votar blanco o nulo y hay que optar por uno de las dos opciones. No se trata solo de dar el voto. Hay que realizar iniciativas ciudadanas y formar grupos de opinión para fiscalizar al nuevo gobierno y plantear propuestas. En lo que se refiere al tema electoral, considero indispensable que las dos primeras candidaturas que no alcancen el 50% de los votos deben a su vez superar el 25% para que no se debilite el sistema político. Si ninguna de las dos primeras supera el 25% debe convocarse de nuevo a las elecciones. Y si en la segunda vuelta suma un elevado porcentaje el voto en blanco o nulo (en este caso del 50% o más), debe rehacerse todo el proceso electoral, no solo la segunda vuelta.

Entre Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Pedro Castillo de Perú Libre, la defensa de nuestro orden constitucional y de nuestra tranquilidad económica nos impone votar por Keiko Fujimori no obstante sus limitaciones y antecedentes. Es inaceptable la propuesta política de Pedro Castillo. Representa una amenaza explícita contra los principios esenciales de nuestro orden social: libertad de opinión, coexistencia de opiniones políticas, derecho a la propiedad y derecho a la libre empresa.

Algunos analistas especulan sobre supuestos vínculos de Castillo con Sendero Luminoso. En general, esas sospechas parten de un error: suponer que SL era solamente un grupo armado. El grupo armado era un instrumento exterior, que podía estar activo o inactivo. Lo esencial era el trabajo político, la organización de células de militantes, la infiltración en sindicatos y la creación de grupos periodísticos, de abogados, de cultura popular, etc. Es presumible que luego del “Acuerdo de paz”, el pacto de Abimael Guzmán con Vladimiro Montesinos (a cambio de buena comida y visitas conyugales) firmado en 1993, Sendero se haya dividido y anarquizado, tomando contacto con otros grupos de ideas afines, para lo cual formó el MOVADEF.

Unido o dividido, con o sin pistolas bajo la almohada, la finalidad de este movimiento es “crear las condiciones” para su idea tiránica de revolución socialista. Perú Libre, por sus propuestas y su discurso, forma parte, en forma directa o indirecta, de lo que hoy en día podría llamarse Sendero Luminoso o MOVADEF. Castillo tiene forma de pato senderista, camina como con tal y emite los mismos sonidos. Si tiene o no un carnet que diga Sendero Luminoso es secundario.

Castillo tiene antecedentes de rondero (no sabemos si “ajustició” o no a personas) y de líder sindical radical, de esos que bloquean carreteras, incendian prefecturas y excitan a la población a corear que “si no hay solución la huelga continúa”. Así lo hizo en el 2017 en una violenta huelga nacional que paralizó entre el sistema educativo entre junio y septiembre. Según el Ministerio de Educación, la huelga fue acatada por el 63% del magisterio, unos 238 mil maestros, perjudicando a 1 millón y medio de estudiantes. Castillo fue uno de los principales líderes de la huelga, a nombre del sector más radical del SUTEP llamado CONARE (Comité Nacional de Reconstitución), que es apoyado e infiltrado por el MOVADEF. Castillo también estuvo relacionado con los violentos reclamos por la detención de Efraín Condori, líder del SUTEP-CONARE que estuvo preso en Lurigancho por apología del terrorismo en el año 2013.

Como vemos, Castillo es un agitador radical, experto en crear problemas, enemigo de la minería, de la empresa privada y de la democracia. No es un político con vocación democrática. Y tampoco lo es ninguno de los que llevará al Congreso. No nos olvidemos que desde la Revolución Francesa, el requisito fundamental para todo aspirante a un cargo público ha sido jurar la Constitución. Y ningún grupo político puede formarse al margen de este principio. No puede haber partidos políticos legales que no reconocen como válida la Constitución ni el Estado de Derecho. Este es otro tema que debemos incluir en la Constitución para salvaguardar la democracia. El señor Castillo, el señor Cerrón y su grupo Perú Libre no reconocen nada de esto. Son un ente subversivo, así no tengan todavía una pistola en el bolsillo.