Todos recordamos cuando éramos niños y nos invitaban a las fiestas de cumpleaños de nuestros amigos, que como parte de la diversión en muchas de ellas, estaba el infaltable titiritero, quien a través de muñecos llamados marionetas y de hilos que movía de manera casi mágica, nos iba contando divertidas historias con un mensaje educativo de la vida.
Cuando crecimos y dejamos de ser niños, algunos de nosotros pensamos que los titiriteros no existían en la vida de los adultos y que los hilos que movían las marionetas eran algo de los juegos infantiles. Nada más alejado de la realidad.
La semana pasada, en medio de la comprobación del fraude electoral, de la puesta en escena de las supuestas deliberaciones del JNE sobre los pedidos de nulidad de actas por parte de Fuerza Popular y demás irregularidades de la segunda vuelta electoral; el fiscal supremo Luis Arce Córdova presentó su carta de declinación al cargo ante el JNE para evitar que su presencia en el mismo y sus votos en minoría, “sean utilizados para convalidar falsas deliberaciones constitucionales”. En su carta señala que no es casualidad que los más altos cargos de las instituciones medulares en una elección como la Fiscal de la Nación, el Presidente del JNE, el jefe de la ONPE, la Presidenta del Poder Judicial y los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia hayan sido todos ellos designados durante el mandato del gran “titiritero”, el ex presidente Martín Vizcarra.
Para los que no creemos en coincidencias, sabemos perfectamente que todo esto forma parte de un plan orquestado hace varios años para copar las instituciones más importantes de un Estado democrático. De esta manera ya no es necesario un golpe militar para tomar el poder, el cual seguramente sería poco popular entre la población y denunciado inmediatamente por todas las organizaciones de izquierda ante los organismos internacionales, como un quebrantamiento del “orden constitucional” y una violación de los derechos humanos del pueblo peruano.
Lo cierto es que este “golpe de Estado” se ha dado de manera paulatina y sutil desde hace varios años por los caviares y las ONG de izquierda sin que gran parte de la población se haya dado cuenta siquiera de lo que estaba sucediendo.
No hay otra forma de entender lo que estamos viviendo los peruanos el día de hoy.
Ante la montaña de pruebas que demuestra de una manera o de otra el fraude en mesa llevado a cabo en las pasadas elecciones, ahora nos toca ver cómo las autoridades en la ONPE y en el JNE convalidan este fraude. Por parte de la ONPE, se niegan a entregar el padrón de electores de las mesas en donde se ha cometido fraude, con el argumento que la información allí consignada es “sensible” y está protegida por las leyes de privacidad (la misma información que contiene el DNI, nombre, firma, huella y foto se puede obtener directamente de la ficha de RENIEC por internet). Por parte del JNE, tal y como lo dijo el fiscal supremo Arce, “ya existe la decisión de adoptar un acuerdo en bloque para la declaración de improcedencia por extemporaneidad en la presentación de las nulidades imputadas contra las actas electorales denunciadas como falsas”. Utilizando las propias palabras del presidente del JNE, Salas Arenas: “Nosotros podemos decir esta firma se parece o no se parece. Si decimos que no se parece, entonces hay fraude…porque puede resultar que una persona sea analfabeta y no sepa cómo firmar todas las veces igual”. Seguramente querrá utilizar el mismo argumento para explicar cómo una misma persona (mismo puño y letra) puede haber llenado decenas de actas en diferentes localidades como se deduce de un análisis grafotécnico de las mismas.
Pero los titiriteros no actúan solos. Siempre hay un grupo de “apoyo” para convalidar sus actuaciones y así crear la posverdad. Desde esta modesta columna de opinión les pregunto a mis lectores: ¿Creen que es una casualidad que la Sala Plena de la Corte Suprema, donde César San Martín Castro tiene un peso gravitante, haya sido la que nombró a Jorge Salas Arenas como presidente el JNE?¿Creen que es también casualidad que el jefe de gabinete de asesores de César San Martín, cuando fue presidente del Poder Judicial entre 2011 y 2012, hoy en día sea miembro del Tribunal Constitucional? Me refiero al señor Eloy Espinoza-Saldaña. Todos recordamos que San Martín fue el presidente de la Sala Especial de la Corte Suprema que condenó a 25 años de cárcel a Alberto Fujimori por el caso conocido como Barrios Altos y La Cantuta. También tenemos que recordar que el juez San Martín adelantó opinión sobre la culpabilidad de Fujimori meses antes de que se concluya el juicio, al solicitar ayuda foránea para redactar la sentencia.
No es de extrañar entonces cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) dice en un comunicado: “Durante esta etapa, la Misión ha podido constatar que dichos procedimientos se han realizado con apego a ley…la misión ha observado, hasta el momento, que la actuación de los órganos jurisdiccionales se ha apegado a la normativa vigente.” Lo mismo dijeron cuando salió reelegido Hugo Chávez, cuando salió reelegido Nicolás Maduro y cuando se presentó por cuarta vez Evo Morales como candidato a la presidencia de Bolivia, después de que el tribunal electoral de Bolivia sentenció que “el actual presidente, podía seguir buscando la reelección de manera indefinida”, pues era parte de sus “derechos humanos”.
Las máximas instituciones del Gobierno y en especial los organismos electorales, han sido copados desde hace años, de manera paulatina, por gente allegada a los titiriteros y en especial durante los últimos cuatro años de Vizcarra; para asegurarse el control de los mismos y darle tinte de “legalidad” a ese “golpe de estado democrático” por el cual la izquierda en Latinoamérica ha accedido al poder, para luego negarse a abandonarlo.
Si creen que exagero, recordemos lo que dijo el dictador cubano Fidel Castro: “No pretendo ejercer el cargo durante 100 años”. “Solamente” estuvo en el cargo durante 50 años, siendo sucedido por su hermano Raúl por otros 10 años más.
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