Estoy seguro que todos recordamos la legendaria canción de Bruce Springsteen “Born in The USA” o “Nacido en los Estados Unidos”, que salió al aire en 1984 y que rápidamente se convirtió en cuasi himno nacional. Tal fue su fama, que Ronald Reagan la utilizó para su campaña de reelección en ese año, llegando a vender 30 millones de copias, siendo de lejos, la canción más popular del “Boss”, como se le conocía a Springsteen.
Por más que me gustaría dedicar todo mi artículo a esta entrañable canción que reivindicaba las clases bajas y en especial a los soldados que regresaron de Vietnam y habían sido olvidados por el Gobierno, debo tocar otra institución norteamericana y cómo su presencia en el Perú es causa de malestar en Perú Libre y sus aliados de la izquierda.
La DEA, Agencia de lucha contra las drogas (Drug Enforcement Agency) es la dependencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que se dedica a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas en el país del norte. Fue fundada en 1973 durante la administración de Nixon y cuenta con 91 oficinas en 68 países alrededor del mundo, entre ellos el Perú. La DEA maneja un presupuesto aproximado de tres mil millones de dólares y cuenta con alrededor de diez mil personas. Su misión principal es llevar a quienes trafican ilegalmente con sustancias controladas, ante la justicia estadounidense o cualquier otra jurisdicción competente.
En el Perú, la DEA cuenta con una oficina regional que brinda colaboración en inteligencia, apoyo logístico y recursos financieros a las autoridades locales, que ha llevado a importantes capturas de personas relacionadas al narcotráfico. En el país, la DEA ha estado involucrada en las investigaciones de personajes como Vladimiro Montesinos, Fernando Zevallos (Aerocontinente), Rodolfo Orellana, la familia Sánchez Paredes, entre otros más.
A pesar de la importante ayuda en inteligencia, logística, equipos y dinero (entre 20 y 30 millones de dólares anuales) que la DEA brinda a las autoridades peruanas en la lucha contra el narcotráfico, los dirigentes de Perú Libre, encabezados por el congresista acusado de terrorismo, Guillermo Bermejo, han anunciado que si llegan al poder, expulsarán a la DEA de nuestro país, al mismo estilo venezolano o boliviano.
Como todos sabemos, la narco-dictadura de Hugo Chávez, expulsó a la DEA de Venezuela en 2005, seguido por Evo Morales en Bolivia en 2008. Desde esos años, Venezuela se ha convertido en un narco estado, con políticos y militares involucrados en el narcotráfico. Como digno representante del gobierno de Maduro tenemos a Tareck El Aissami, ex vicepresidente, ex ministro del Interior y Justicia y actual ministro de Industria, acusado por Estados Unidos “de supervisar o poseer parcialmente envíos de narcóticos de más de 1,000 kilogramos desde Venezuela”.
Mientras tanto, en Bolivia, Evo Morales incrementó de manera paulatina el total de área cultivada de coca, hasta las 22,000 hectáreas legales. Según Morales, la coca boliviana se utiliza en destinos legales como el mascado, rituales religiosos andinos e industriales como las infusiones. Sin embargo, según informes de la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) los cultivos de coca se han incrementado hasta llegar a casi 32,000 hectáreas cultivadas, la gran mayoría destinadas al narcotráfico. Según el informe, el consumo legal representaría 14,700 hectáreas, siendo el resto destinado al narcotráfico. Uno de los mayores problemas del modelo boliviano aplicado durante el gobierno izquierdista de Evo Morales, es que no es transparente. La evaluación la hace el propio gobierno, sin supervisión de la sociedad civil ni de los organismos internacionales que luchan contra el narcotráfico, los que a su vez están impedidos de hacer públicas sus evaluaciones.
Analicemos lo que ha venido sucediendo en el Perú en los últimos años. Según informes de DEVIDA (Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas) el área cultivada de hoja de coca en el Perú se ha incrementado todos los años, aunque a menor ritmo. Según DEVIDA, en el año 2019 (última información disponible) había 54,665 hectáreas de coca sembradas. Sin embargo, según un informe de la ONDCP (Oficina de la Política Nacional para el Control de las Drogas de la Casa Blanca) el área cultivada era 72,000 hectáreas, ello representa un incremento de 38% respecto al año anterior. Del total de 72,000 hectáreas, solamente 9,000 son destinadas al uso legal. También se afirma en este documento, que la producción de cocaína se incrementó en 40%. Según el Gobierno, las cifras de la Casa Blanca, “omiten aspectos centrales para una adecuada contabilidad de la superficie cultivada con hoja de coca que, de ser incluidos, modificarían sustancialmente los resultados obtenidos”. ¿Le creemos al Gobierno?
Los representantes de Perú Libre, como el congresista Guido Bellido, afirman que para luchar contra el narcotráfico, el Perú debe “terminar todo tipo de relación con Estados Unidos” y al mismo tiempo, fortalecer a los cocaleros para que sus productos sean industrializados. Sin embargo, esto es una de las tantas “leyendas” de los dirigentes que apoyan a los cocaleros. Como bien se ha explicado en innumerables estudios, la gran mayoría de la coca en el Perú (48%) se siembra en el VRAEM (zona de actividad de los narco-terroristas) y este producto está contaminado por agroquímicos, lo que hace inviable su industrialización para el consumo humano beneficioso. Solamente algunas zonas del Cusco cuentan con hoja de coca “orgánica” que si podría tener como destino la industria alimentaria, medicinal o de cosméticos.
Perú Libre también se opone a la erradicación forzada de los cultivos de coca en el país. Según el electo congresista Alex Flores, Perú Libre está “en contra de esa política de erradicación compulsiva, forzosa, de los cultivos de hoja de coca en el VRAEM”. Según datos de DEVIDA, en los últimos 10 años se han erradicado un promedio de 25,000 hectáreas de cultivos de hoja de coca al año; sin embargo en 2020 el Gobierno de Vizcarra solamente erradicó 6,000 hectáreas de cultivos de hoja de coca.
Todos sabemos que los narco-terroristas Quispe-Palomino, financian sus operaciones terroristas cobrándole cupos y dando protección a los narcotraficantes. También existe una investigación en Fiscalía que afirma que Bermejo recibió dinero y adiestramiento por parte de los Quispe-Palomino en el VRAEM. Inclusive hay versiones que demostrarían que existió una estrecha vinculación entre Cerrón y los Quispe-Palomino.
Con el grave peligro que representa el narcotráfico para el Perú, tenemos que preguntarnos cuál es la verdadera razón por la cual Perú Libre quiere expulsar a la DEA del país bajo el pretexto de “recuperar nuestra soberanía”.
Parafraseando al narcotraficante más famoso de la historia, Pablo Escobar: “Con los políticos que tenemos en Colombia, ser bandido es un honor”. En nuestro caso sería una vergüenza decir: “Con los políticos que tenemos en Perú, ser bandido es un honor”.
Sígueme en Twitter en @urilandman para hacer llegar nuestra voz a todo el Perú. Si lo haces, ya seremos dos e iremos sumando.