Refugiados: entre la incertidumbre y la esperanza. El caso venezolano

En el largo transcurso histórico, la humanidad ha progresado enormemente en diferentes espectros, el desarrollo de la ciencia, la medicina y de la tecnología, han permitido mejorar la calidad de vida de millones. Pero hay algo sobre lo cual aún hay mucho que avanzar, pues los conflictos armados y la violencia siguen presentes y sus consecuencias se ven reflejadas, entre otros, en las personas que se tienen que desplazar para salvar sus vidas, dentro de este enorme grupo están los refugiados. Ellos expresan esta faceta que aún no podemos resolver, situaciones como la interminable guerra en Siria, la crisis humanitaria en Venezuela, o las bandas criminales en Centroamérica que se suman a factores sociales, económicos y hasta climáticos que llevan a familias a huir en busca de asilo en otros países.

Ahora bien, entendamos que hay diferentes categorías semánticas para calificar a las personas que se desplazan; entre ellas están los conceptos de “solicitantes de asilo”, “personas desplazadas”, “apátridas”, “retornados” y “refugiados”; todos estos son protegidos por el ACNUR. En particular me voy a referir a los refugiados.

Según define al artículo 1A de la Convención, de 28 de julio de 1951, relativa al estatuto de los refugiados de las Naciones Unidas; un refugiado es “una persona que se encuentra fuera del país de donde es originario, o bien donde reside habitualmente, debido a un temor fundamentado de persecución por razones de etnia, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas, y que no puede o no quiere reclamar la protección de su país para poder volver”. Por esa misma línea, para la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), los refugiados son “personas que huyen del conflicto y la persecución. Su condición y su protección están definidas por el derecho internacional, y no deben ser expulsadas o retornadas a situaciones en las que sus vidas y sus libertades corran riesgo”.

A nivel internacional el antecesor del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) fue la Organización Internacional para los Refugiados (OIR), esta fue una agencia especializada de las Naciones Unidas, creada el 20 de agosto de 1946 para encargarse de la gran cantidad de refugiados surgida tras la Segunda Guerra Mundial. La OIR dejó de funcionar en 1952, cuando fue reemplazada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967 son los principales instrumentos legales que subyacen el trabajo de la organización; esta fue ratificada por 149 Estados parte, en esta se establece los derechos de las personas refugiadas, así como las obligaciones de los Estados para su protección.

En síntesis, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se creó el 14 de diciembre de 1950 al término de la Segunda Guerra Mundial, para ayudar a los millones de europeos desplazados por el conflicto. Este año, en diciembre, cumple su 71 aniversario.

Según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, en el 2020, en pleno contexto de pandemia, el número de personas que huyeron de guerras, persecución y violación de derechos humanos, sumaron en total unas 82.4 millones, entre refugiados y desplazados, en porcentajes, se puede expresar que el 1% de la humanidad está desplazada. Es menester recordar que el 2019 fueron 79.5 millones registrados, de modo tal, que hay un aumento de desplazados.

El informe anual 2020 de ACNUR precisó que más de los dos tercios de todos los refugiados y desplazados en el extranjero provienen de sólo cinco países: Siria (6,7 millones), Venezuela (6 millones), Afganistán (2.6 millones), Sudán del Sur (2.2 millones) y Myanmar (1.1 millones). En el 2019 eran 26 millones de refugiados.

En América hay 16 millones de refugiados y desplazados; en Centroamérica hay un millón de personas refugiadas de Honduras, El Salvador y en menor parte de Guatemala.

SITUACIÓN EN PERÚ

La Comisión Especial de Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores (CEPR) es el organismo nacional encargado de recibir las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, evaluar los casos y resolverlos. Además, tiene la responsabilidad de proteger los derechos de los refugiados y solicitantes y contribuir en la búsqueda de opciones para su integración local y asistencia.

Se estima que en el Perú residen un millón 200,000 venezolanos, y más de 496.000 han solicitado la condición de refugiado, según cifras de Migraciones. Esto hace al Perú el primer país de acogida de personas venezolanas con necesidad de protección internacional y el segundo destino de refugiados y migrantes venezolanos a nivel mundial. Ante esta situación el Estado peruano ha tenido que reaccionar y desarrollar algunas acciones, por ejemplo, el 17 de junio, del presente año, el Perú se presentó en la “Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con Refugiados y Migrantes Venezolanos”, evento organizado por el Gobierno de Canadá junto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

En esta se presentó el plan de apoyo desarrollado por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores con el objetivo de poner en marcha proyectos de apoyo técnico y financiero por 946 millones 943 mil 550 dólares americanos.

Para motivar a la cooperación internacional se apeló a la solidaridad en función de la búsqueda de donativos; además se resaltó que actualmente el Perú preside la  Ronda del Proceso de Quito sobre Movilidad Humana de Ciudadanos Venezolanos en la Región, esta es  una iniciativa que nació en septiembre de 2018, ocasión en que 14 países latinoamericanos se reunieron con el fin de intercambiar información y establecer una estrategia regional para atender la crisis migratoria venezolana que afecta a toda la región.

Por otro lado, y durante la pandemia las restricciones de movilidad y las prolongadas medidas de confinamiento han tenido un impacto negativo en la capacidad de las personas refugiadas y migrantes para mantener sus medios de vida y el acceso a bienes y servicios básicos. Muchas personas han perdido sus medios de vida y al mismo tiempo no están incluidas sistemáticamente en los planes de asistencia social que se han establecido para las poblaciones del país.

En abril del presente año, Naciones Unidas respondió a la solicitud de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú, de distribuir alimentos donados por la empresa privada y administrados por el Instituto Nacional de Defensa Civil a 5000 familias refugiadas y migrantes vulnerables, en su mayoría de Venezuela.

Las canastas básicas provienen de donaciones del sector privado, organizadas y recolectadas por el frente empresarial Hombro a Hombro y se han entregado a la población vulnerable extranjera previamente identificada y en estrecha coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil.

ACNUR también brinda apoyo y orientación legal a las personas recién llegadas y distribuye agua potable, kits de higiene para niños, niñas y mujeres en las zonas fronterizas.

Sin embargo, cientos de miles de venezolanos permanecen sin ningún tipo de apoyo, de  documentación o permiso para permanecer regularmente en los países cercanos, y por lo tanto carecen de acceso formal a los derechos y servicios básicos. Esto los hace particularmente vulnerables a la explotación laboral y sexual, el tráfico de personas, la violencia, la discriminación y la xenofobia. Esta última se expresó con mayor claridad en las últimas elecciones, pues el discurso de varios candidatos a la presidencia fue cuanto menos discriminadora, además que en la mayoría de los planes de gobierno se proyectan planes para regular la presencia de migrantes a través del control fronterizo; pero poco se expuso sobre la forma de integrar a los migrantes a la sociedad nacional.

Por todo lo anterior expuesto es que se debe hacer alusión a  que cada 20 de junio de cada año se conmemora el Día Mundial del Refugiado, con la intención de recordar esa fortaleza extraordinaria que llevan dentro, y es que a pesar de haberse caído, les permite levantarse aún con dificultades y seguir el camino, con la esperanza de hallarse en un nuevo espacio más seguro y con tranquilidad para ellos y sus familias; pues recordemos que al ser refugiados merecen la protección internacional para salvar sus vida.

* Jurista y diplomático

REFERENCIAS