No se podrá retirar las demandas ante el TC

Según Iber Maravi, titular del MTPE, el gobierno busca retirar las demandas de inconstitucionalidad que se interpusieron contra la Ley 31188, que regula la negociación colectiva en el sector público, y contra la Ley 31131, que elimina el régimen CAS en el sector público. 

No obstante, abogados constitucionalistas coinciden en que lo que dice Maraví es imposible de cumplir. Óscar Urviola, expresidente del TC, precisa que el tribunal que interpreta la Constitución del Perú tendría que rechazar una solicitud del Ejecutivo de retirar una demanda interpuesta y admitida. “El ministro está ratificando su total desconocimiento. Si ya está iniciado el procedimiento, no puede haber desistimiento”, explica. 

El constitucionalista y exministro de Justicia Víctor García Toma, enfatiza también que cuando una demanda es presentada ante el TC, su destino ya no depende de quien interpuso la acción. 

El Ejecutivo presentó ambas demandas entre mayo y junio de este año y señaló que estas se debían a que las normas aprobadas por el Congreso vulneraban las competencias del Gobierno y la gestión presupuestal. 

García Toma considera que el pronunciamiento de Iber Maraví buscaría, más bien, mostrar una posición política. “Podría tratarse o de un acto de ignorancia o es parte de un juego político para tirar la pelota al TC”, opina. 

García Toma puntualiza que en tanto no exista un pronunciamiento del TC sobre la inconstitucionalidad en ambos casos, ambas leyes pueden reglamentarse por el Ejecutivo. 

 

COSTOS 

En el caso de la acción contra la ley que regula la negociación colectiva en el Estado, el Ejecutivo señaló que el costo ascendería a 6,228 millones de soles. En el caso de la demanda de inconstitucionalidad contra la ley que elimina el régimen CAS en el sector público, el MEF determinó en mayo pasado que la aplicación de la ley implica incorporar a cerca de 286 mil personas que laboran bajo el régimen CAS y tendría un costo estimado de 3,600 millones de soles. En suma, aplicar ambas leyes le costaría al Estado 9,828 millones de soles o unos 2,403 millones de dólares.