Fortalecer nuestra diplomacia

El Servicio Diplomático, así como la Cancillería, son de suma importancia para el país, y reúnen tradicionalmente a profesionales de la más alta capacidad. La institucionalidad y el respeto a sus integrantes resultan, pues, fundamentales.

Han ocupado mayor atención en la prensa asuntos negativos que comprometen a nuestra Cancillería. Escándalos por vacunaciones indebidas, grabaciones ilícitas, alteraciones en procedimientos en ascenso, que fueron institucionalmente afrontados de manera resuelta. Pero aún quedan largamente postergados los reclamos laborales.

En ese contexto, es importante recordar que hace 30 años, un día como hoy en 1991, se produjo un atentado contra la diplomacia peruana, organizado desde una cúpula enquistada en el Gobierno. Así, se cesaron a 117 diplomáticos, obligando además a otros tantos a pasar al retiro. Para colmo, se cerró la Academia Diplomática. El gobernante, mal asesorado, asumió la responsabilidad al pretender justificar el acto ilegal con insultos y calificativos innobles para los funcionarios que habían servido al país. Tratándose de un sujeto de amplio prontuario, que había cerrado el Congreso y se proponía hacer una Asamblea Constituyente para cambiar nuestra Carta Magna,  estas palabras no constituían injuria. No obstante, los colegas que permanecieron en el servicio se quedaron aterrorizados y amenazados de que en cualquier momento podrían ser víctimas de la misma violencia que afectó al Servicio Diplomático.

De hecho —y sin fundamento alguno— intempestivamente se redujo la capacidad de actuación de una institución que es la primera línea de la defensa nacional.

El daño al país no se hizo esperar. Poco después surgió el conflicto armado con Ecuador. Ofrecieron su vida valerosos militares peruanos. El costo para el Perú fue enorme. Les toca a los historiadores elucidar la responsabilidad —dolo o falta— de la dictadura, al debilitar la diplomacia preventiva y atentar contra la seguridad nacional. Uno de los involucrados en manipular el indebido desmontaje de la diplomacia, el ex capitán de Ejército Montesinos, ya tenía antecedentes en sus relaciones con el país vecino, por lo que había sido condenado por traición. Algunos diplomáticos lo recuerdan pasearse, infiltrado, por oficinas de Torre Tagle

Al recobrar el Perú la democracia, fueron los diplomáticos cesados   los que encontraron depósitos ilícitos en bancos suizos, producto de sobornos en la compra de armas.  Más de uno de los diplomáticos probos —de los que quería deshacerse el régimen corrupto— ocuparon los más altos cargos en la Cancillería. Hoy, varios de estos destacados profesionales nos representan como embajadores ante los principales organismos internacionales, a pesar de estar en la situación de retiro de acuerdo al escalafón del Servicio Diplomático.

La Corte Suprema declaró el cese como ilegal. El presidente Toledo pidió perdón en nombre del Estado. El jefe del Servicio Diplomático en 1991, un tal Villarán que se aprovechó con nombramientos a Ginebra y Madrid, fue finalmente destituido. Los principales responsables que hicieron el atentado a la diplomacia y al país están en la cárcel, por graves delitos. No obstante, aún no se ha dado la reparación del daño. En vez de permitirle a los diplomáticos cesados permanecer en el Servicio por un periodo correspondiente al que  estuvieron  injustamente expulsados, se les pasó al retiro en desventaja  de condiciones de los que no fueron cesados.

En el Perú se tiende más a sancionar que a reparar. La política de persecución y carcelaria resulta muy cara en términos de prestigio y económicos. Tenemos solo un preso que le cuesta a los contribuyentes cerca de un millón de soles al año y no paga la reparación a que ha sido condenado. No se puede presumir la existencia de un Estado de Derecho sin que el mismo no logre justicia en cosa propia, como tampoco existe justicia sin la debida reparación del daño

Esperemos que el año 2022 nos traiga salud y nos garantice justicia.