Ser miembro de la OCDE es como tener un ISO de calidad mundial para el Perú, que apunta a promover la inversión privada. El siguiente paso, según la Organización, será preparar la hoja de ruta para el Perú e iniciar el proceso de evaluación detallado.
El proceso de incorporación del Perú a la OCDE resultaría virtualmente incompatible con el proceso paralelo de una asamblea constituyente, que supondría cambios constitucionales que es imposible prever y cuyo resultado sería igualmente impredecible. Incluso el recojo de firmas fuera del marco constitucional, que no es reconocido por el Jurado Nacional de Elecciones, probablemente sería asumido por la OCDE como una iniciativa incompatible con el proceso de incorporación del Perú a la OCDE. La predictibilidad es, precisamente, uno de los requisitos de los compromisos que el Perú deberá asumir si quiere ser parte de este club del primer mundo.
La OCDE es un referente ante el mundo en materia de políticas públicas y buenas prácticas de gestión pública. La sola pertenencia al organismo genera credibilidad internacional al país miembro, pues mejora su imagen ante los inversionistas internacionales. La membresía genera un vínculo con países desarrollados, permitiendo al país ingresar a una red de contactos permanente en temas de educación, ambiente, asuntos fiscales, comercio, inversión, competencia, tecnología e innovación, estadísticas y mercados.
En el caso peruano, por ejemplo, en minería es fundamental el tema de la explotación formal o informal, legal o ilegal, lo que implica la formalización de la propiedad de las tierras y la regulación eficaz de los recursos hídricos. La OCDE obligaría al Perú a imponernos metas y enfrentar y solucionar de manera definitiva los conflictos entre comunidades andinas y amazónicas y las empresas que extraen los recursos mineros y energéticos.