La empresa concesionaria Cobra del proyecto Majes-Siguas (Majes II) ha planteado el mecanismo de trato directo, paso previo para acudir a un arbitraje internacional ane el Ciadi, ante el hecho de que el Gobierno Regional de Arequipa no firma una adenda adicional al contrato de concesión.
Se trata de la Adenda 13 para llevar el agua entubada hasta la irrigación, en lugar de por canales abiertos, para evitar la evaporación. Eso, en vista de que el Tribunal Constitucional le quitó agua al proyecto Majes II para dársela al Cusco.
El consejero regional Elmer Pinto preside la comisión de Agricultura del Gobierno Regional y debe dictaminar la Adenda 13. Pero se niega a hacerlo. Sostiene que no tiene sentido elaborar el dictamen de la Adenda 13.
La gobernadora regional. Kimerlee Gutiérrz, ha pedido que la comisión e Infraestuctura elabore un segundo dictamen, para que el Consejo pueda votar eligiendo ere dos opciones. Pinto se ha opuesto públicamente.
Lo que Pinto propone, en cambio, es resolver el contrato para que el Estado haga el proyecto.
En este sentido, acusa a quienes piensan que debe llegarse a una solución conversada de “ponerse al servicio de la empresa privada”. EL consejero sostiene erradamente que Cobra en 11 años no pudo ejecutar el proyecto. La verdad es que el contrato se firmó en el 2010 y se paralizó cinco años por el reclamo de agua del Cusco. La judicialización demoró 5 años. El proyecto se habría paralizado o menos de quince veces por causa del Gobierno Regional. Tiene un discurso contra la empresa concesionaria, porque “viene de España y “piensa que estamos en la Colonia”.
Arequipa tiene actualmente una tasa de desempleo de entre 15% y 20%. El proyecto Majes y sus obras complementarias generarían 480 mil empleos directos e indirectos en Arequipa, la mitad de ellos en la irrigación. Pero Pinto se pregunta al respecto si Arequipa realmente tiene necesidad de 240 mil puestos de trabajo “en esas condiciones”. Se refiera a la ley de la inversión agroindustrial vigente. “¿Esa es la generación de empleo que dará prosperidad?”, pregunta. “Es un peligro, una amenaza”, sostiene.
FALSO PROBLEMA
El fondo de la cuestión es la extensión de las unidades agrícolas del proyecto. Pinto demanda que sea de cinco hectáreas por parcela. No obstante, es claramente un pretexto para pedir que se resuelva el contrato de modo que lo asuma el Estado.
Es un falso problema. Ni el contrato de concesión ni la Adenda 13 se refieren a la extensión de las unidades agrícolas. Ambos tratan sobre las obras para llevar el agua hasta Majes II, sea cual sea la extensión de las unidades agrícolas, lo que corresponde definir al Gobierno Regional posteriormente.
Al respecto, Pinto sostiene, sin embargo: “reformulemos el proyecto a una experiencia que ya la tenemos desarrollada desde hace 70 años. Es el modelo socioeconómico que ha generado una clase media sostenible con una agricultura de cinco o menos hectáreas”. Demanda “la reformulación del proyecto en una parcelación de cinco hectáreas”. Argumenta que en el antiguo proyecto Majes I “hay 16 mil hectáreas y 3,200 parceleros, y se generó bienestar para 150 mil personas. El modelo de parcelación de cinco hectáreas desarrolló una clase socioeconómica media”, afirma.
Majes I, sin embargo, no es un ejemplo de buen riego. En el subsuelo hay 500 millones de metros cúbicos de agua que han elevado la napa freática ya cerca del suelo.