Los aventureros del neo-comunismo, signados con distintas denominaciones según quien sea el interesado, han venido sorprendiendo a los pueblos desinformados con el cuento de solucionar los problemas de coyuntura socioeconómica, mediante el cambio de la Constitución.
La llamada Ley de Leyes, es el soporte mediante el que se da seguridad jurídica a la existencia del hombre dentro de un país, y fija con firmeza todo cuanto proscribe y todo cuanto promueve: “…se presenta como un límite efectivo al ejercicio del poder, sea este de naturaleza pública o privada. Uno de los mecanismos concebidos para alcanzar esta finalidad ha sido precisamente el reconocimiento y garantía de los derechos de la persona (derechos fundamentales o derechos constitucionales). En el caso peruano, el principal criterio de hermenéutica constitucional con el que se cuenta es la consideración de la persona humana como un fin (artículo 1 CP). Afirmar que la persona humana es el fin, significa afirmar que los derechos fundamentales (los derechos humanos constitucionalizados) son el fin. Este criterio, entre otras consecuencias, exige que la sociedad y el Estado actúen en la dirección de conseguir la plena vigencia de los derechos fundamentales y, el consecuente pleno desarrollo de la persona humana. Debido a esta especial significación de los derechos fundamentales, el Constituyente peruano ha establecido una serie de mecanismos de protección y aseguramiento del contenido constitucional de los mencionados derechos. Entre estos mecanismos se encuentran los procesos de amparo, hábeas corpus y hábeas data, mecanismos estos llamados por la Constitución como ‘acciones’, y por la ley que los desarrolla –el Código Procesal Constitucional (CPConst.)– como ‘procesos constitucionales’, deben mostrarse siempre eficientes en su respuesta de salvación y aseguramiento del contenido constitucional de los derechos fundamentales. Tanto el reconocimiento de la persona humana (y sus derechos fundamentales) como fin, así como el establecimiento de garantías constitucionales, configuran –en palabras del Tribunal Constitucional– ‘la filosofía personalista con la que se encuentra impregnado todo nuestro ordenamiento constitucional’” (Luis Castillo-Córdova – La firmeza como requisito de procedencia de la demanda constitucional contra resoluciones judiciales.)
La redacción de las Constituciones debe encargarse a personas que tengan un alto grado de conocimiento sobre el Derecho en todas sus especialidades, y no como pretende el fallido ex catedrático y ex decano que funge de Primer Ministro, en el nefasto régimen de los Dinámicos del Centro, encabezado por Cerrón el corrupto.
Perú está bien, y puede estar mejor si se cumple con todo lo que garantiza la actual Carta Magna, ha crecido y desarrollado con holgura desde que entró en vigencia. Pero lamentablemente los operadores políticos no han tenido un mínimo de honestidad, y se han visto involucrados en procesos judiciales donde están siendo ventilados sus delitos contra el pueblo.
En ese sentido, hemos sido agredidos por las altas esferas de poder, desde Brasil y últimamente desde China, de manera alevosa y perversa, corrompiendo a los funcionarios y empresarios sin escrúpulos, con el consiguiente perjuicio a una gran parte de nuestra población, que ha visto restringidas sus opciones de alcanzar educación, salud, trabajo, y desarrollo sostenible.
La falta de competencia en asuntos de gobierno y administración, demostrada por el grupo llegado desde las tierras del malogrado Atahualpa, que no supo defenderse de los invasores europeos, se vuelve recurrente como una maldición, que es necesario neutralizar, exorcizando políticamente a los tres poderes del Estado.
La Constitución admite que sea actualizada, admite que sea modificada, siguiendo un procedimiento debidamente explicitado, y no permite que ello sea a través del mamotreto redactado por los bufones que rodean al contumaz Castillo de Sarratea.
El clamor popular no es el de las portátiles que estúpidamente rodean a los mercenarios que arropan al inefable castillo terrones, en sus periplos turísticos pagados por el pueblo, el clamor del pueblo es que se vayan todos, y se convoque a nuevas elecciones.