Bloqueo de 9 minas cuesta US$ 1,160 millones al país

Se han dejado de pagar alrededor de US$ 348 millones en impuestos y regalías, hasta el momento.

Desde que se inició la gestión del gobierno actual, las protestas y los conflictos sociales se han venido incrementando. Gran parte de estos está asociada a la minería. A la fecha, Pedro Castillo tiene 65 conflictos mineros activos registrados, solo igualado por Ollanta Humala.

Los informes de la Defensoría entre el 2006 y el 2022, halla que de los últimos seis gobiernos, la gestión actual es la que más conflictos mineros activos ha reportado al noveno mes, junto con la de Humala.

Dentro de los conflictos mineros reportados se tiene 10 por minería informal e ilegal: cuatro conflictos activos y cinco latentes. Hasta fines de abril, solo el 2% de los mineros informales ha completado su formalización.

Si bien la mayoría de conflictos mineros son heredados, 19 de ellos son casos nuevos. Las operaciones de al menos nueve minas se han visto afectadas por bloqueos y paralizaciones. Seis de ellas suspendieron por completo sus operaciones entre agosto del 2021 y mayo del 2022: Buenaventura, Antamina, Apumayo, Las Bambas, Cuajone y Nexa.

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha estimado que la pérdida en producción por bloqueos y paralizaciones es de US$ 1.160 millones. Se ha dejado de pagar aproximadamente US$ 348 millones en impuestos y regalías, y el Perú ha dejado de exportar US$ 470 millones.

“El hecho de que no operen las minas genera costos que están perjudicando a todas las familias del país, vivan o no a una región minera”, dice Fernando Gonzales. Principalmente por tres razones. Primero, la minería es una gran fuente de recaudación de ingresos para el Estado. En el 2021, la recaudación fiscal proveniente de la actividad minera fue alrededor de 25 mil millones de soles, el 14% de la recaudación total del Estado. Gran parte se distribuye entre las regiones en las que se realiza la actividad minera, en concepto de canon y regalías. .

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que del total de utilidades, el 42% es la carga fiscal de la minería, que incluye el impuesto a la renta, el impuesto especial a la minería, las regalías mineras, el gravamen especial a la minería. Señala que si bien existe un espacio para incrementar marginalmente las tasas, no va a ser un aporte significativo sobre lo que ya se viene pagando. Señala que el régimen tributario del Perú es competitivo.

Otro aspecto son los encadenamientos de la minería con otras actividades. Los trabajadores contratados de manera directa son alrededor de 250 mil a nivel nacional, pero se estima que hay dos millones de empleos indirectos generados por el sector. Los encadenamientos que se dan son formales. Tercero, las exportaciones que genera la minería son fuente de divisas que ayudan a estabilizar el tipo de cambio.

“ASIGNACIONES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS”

Las Bambas tiene suspendidas sus operaciones desde hace más de 50 días. Las comunidades piden que se cumpla con los acuerdos realizados. El gerente Legal, Claudio Cáceres, sostuvo que “si se aduce que hay incumplimientos, la empresa está dispuesta a que se audite y revise en un diálogo pacífico y respetuoso, sin recurrir a la invasión y destrucción de propiedad que fuerza a la paralización”.

Guillermo Shinno, gerente general de Apumayo, mencionó que el discurso promovido por agentes con interés político no tiene relación con sus operaciones. Según resaltó, la empresa viene trabajando de la mano con las comunidades del entorno, liderando proyectos sociales, de reforestación y de administración de agua. En cinco años se ha destinado S/17 millones para estas comunidades.

Sin embargo, las estrategias que está aplicando el gobierno para solucionar o mitigar los conflictos no están teniendo resultado.  Según el IPE, existe un rechazo de la actividad minera, debido, entre otras cosas, a que se sabe que esta genera recursos que muchas veces los pobladores de los distritos y provincias no ven convertirse en obras y mejoras. Si bien estos recursos son transferidos a los gobiernos regionales, no se ejecutan de la manera adecuada. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que existe un tema de calidad de ejecución. Gran parte de lo que se ejecuta va una categoría presupuestal que se llama “asignaciones que no resultan en productos”. Básicamente significa que no se cuenta con una categoría presupuestal identificada para ese dinero que se está ejecutando.