El Fiscal

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A raíz de las películas de Hollywood, la mayoría de nosotros tiene una imagen mítica de los fiscales y su labor. Creemos que son seres incorruptibles e implacables en la persecución del delito.

En nuestro país, la labor de los fiscales dista mucho de lo que estamos acostumbrados a ver en las películas. Mientras la teoría dice que el fiscal debe investigar y perseguir el delito para acusar y finalmente condenar a los culpables, la realidad es otra. Algunos fiscales utilizan su puesto con el fin de influir en la política nacional de acuerdo a sus agendas personales. Hemos sido testigos de ello en más de una ocasión.

A raíz del caso Lava Jato, se creó en julio del año 2018 “El equipo especial Lava Jato” en la fiscalía de la república, liderado por el fiscal Rafael Vela e integrada por los fiscales José Domingo Pérez, Germán Juárez Atoche, Carlos Puma Quispe entre otros. La finalidad de este equipo especial de fiscales es el de conducir las investigaciones relacionadas a delitos de corrupción de funcionarios y lavado de activos vinculados a las empresas constructoras brasileras como Odebrecht, OAS, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez y sus socias peruanas.

Me tomaría varios artículos explicar toda la trama de Lava Jato pero en resumen se trata del pago de millonarios sobornos por parte de estas compañías a funcionarios públicos en puestos claves, lo que les permitía ganar las licitaciones de enormes proyectos de construcción y mantenimiento de infraestructura. Este esquema de corrupción no solamente se dio en el Perú, sino en casi todos los países de América.

El caso Lava Jato se empezó a investigar en Brasil en el año 2013 cuando se descubrió al cambista y experto en blanqueo de dinero Alberto Youssef quien decidió acogerse a la colaboración eficaz a cambio de reducir su pena de ocho años. Sin embargo, recién estalló el escándalo y se volvió un tema internacional en el año 2016, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, difundió las confesiones de los ejecutivos de Odebrecht, quienes aceptaron el pago de sobornos a funcionarios públicos en varios países de la región, entre ellos el Perú. A cambio de su confesión, el Departamento de Justicia, cobraría una millonaria multa a Odebrecht pero no buscaría penas de cárcel para los ejecutivos de la constructora brasilera.

En nuestro país, todos sabemos que Toledo recibió millones de Odebrecht por la construcción de la carretera interoceánica. También hemos leído sobre los sobornos que recibieron una larga lista de funcionarios públicos incluidos presidentes, ministros, gobernadores regionales, alcaldes, entre muchos otros más.

Como parte del caso Lava Jato, el fiscal Domingo Pérez ha investigado durante cuatro años a Keiko Fujimori por un supuesto lavado de activos al haber recibido millones de dólares para sus campañas presidenciales de los años 2016 y 2021. Durante este lapso, ha solicitado y obtenido la prisión preliminar y luego preventiva de Fujimori. Sin embargo luego de más de cuatro años de investigación, el fiscal Pérez todavía no ha logrado presentar la acusación ni el inicio del juicio oral contra Fujimori. Así de frágiles son sus argumentos o pruebas que le ha tomado tanto tiempo llegar a este punto.

Hemos visto al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski con arresto domiciliario por más de 3 años a solicitud de los fiscales del equipo Lava Jato sin que hasta la fecha se termine la investigación preliminar y se presente la acusación.

Podría mencionar una serie de ex funcionarios públicos (aunque Keiko Fujimori nunca lo fue) que han sido investigados por la fiscalía sin que hasta la fecha se logre una sola sentencia condenatoria en su contra. Pero un caso emblemático y vergonzoso para el sistema de justicia peruano y que demuestra la manipulación del sistema para favorecer una agenda política de izquierda es el de Susana Villarán, la ex alcaldesa de Lima.

Como todos sabemos, el proceso en contra de Villarán duerme el sueño de los justos en la fiscalía desde hace años. Por más que Villarán si era funcionaria pública cuando recibió dinero ilegal de una empresa constructora brasilera, OAS, para financiar su campaña a la revocatoria, hasta la fecha, Villarán no ha sido acusada ni siquiera está presa. 

Ello es más escandaloso todavía, cuando la agencia de publicidad internacional WWP ha firmado un acuerdo con la SEC (Comisión de Valores de Estados Unidos por sus siglas en inglés) mediante el cual han accedido a pagar una multa de 19 millones de dólares para cerrar el caso por el manejo de fondos de la corrupción.

Según el acuerdo con la SEC, la empresa WWP, a través de su subsidiaria en Perú, Ogilvy  fue un conducto para el pago de sobornos de OAS para la alcaldesa de Lima a cambio de la adjudicación de contratos. El gerente de Ogilvy aceptó ser conducto de los sobornos a Villarán. El esquema consistía en disfrazar los fondos ilegales para la campaña de Villarán a través de sus subsidiarias en Colombia y Chile. Estas subsidiarias registraban falsamente que habían recibido dinero de OAS para realizar trabajos publicitarios falsos, mientras la oficina de Perú no registraba ningún ingreso de parte de OAS que indicara que ellos estaban pagando la campaña de Villarán. A pesar que este acuerdo fue firmado en el año 2021, Villarán todavía no ha sido acusada ni se ha iniciado el juicio oral y sigue libre.

Cuando vemos una estatua de “La Justicia” con los ojos vendados ello simboliza que la justicia no distingue entre las personas y se debe aplicar de manera equitativa, con el mismo rasero y sin privilegios. Sin embargo en nuestro país, la justicia ciega significa que no mira a los que no les conviene (generalmente los izquierdistas) y persigue a los que no son afines a sus ideales políticos.

Como decía Ernesto Mallo, escritor y periodista argentino, en nuestro país “Leyes hay, lo que falta es justicia”.

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