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Probablemente lo único que puedo agradecer a este gobierno y a los caviares que lo respaldan, es que siempre tengo material para mis artículos. Esta vez no es la excepción.
Nos enteramos a través de los medios que la vicepresidente, acusada constitucionalmente por infringir descaradamente el artículo 126 de la Constitución -“los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”-, había presentado un pedido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para suspender la acusación constitucional en su contra.
Según Boluarte, tuvo que recurrir a la CIDH para denunciar que se ha vulnerado el debido proceso en la acusación en su contra por haber realizado gestiones a favor del Club Departamental Apurímac cuando ya era ministra del MIDIS, tal y como lo denunciara un informe de la Contraloría General de la República.
El abogado de Boluarte, el izquierdista Otárola, también ha solicitado medidas cautelares denunciando de paso al Congreso ante la CIDH. Según Otárola, el fin de esta acusación constitucional presentada por la oposición es “hacerse con el poder y revertir la derrota” que sufrió en las elecciones pasadas.
Otro de los argumentos que esgrime Otárola, es que se busca forzar la destitución e inhabilitación de Boluarte mediante el uso indebido de informes administrativos, tratando de descalificar el documento emitido por la Contraloría. Según él, la Contraloría envió el reporte completo al Congreso, pero a la vicepresidenta solo le llegaron tres páginas.
No me sorprende en absoluto que los caviares pretendan salvar a Boluarte con una movida en la CIDH. Y menos todavía que la CIDH haya respondido con la celeridad que caracteriza los casos caviares y solicitado al Estado peruano que le remita toda la información que considere oportuna sobre la denuncia.
Sería ridículo que el Congreso acepte la injerencia de la CIDH en un tema netamente político y que está suscrito al Congreso, de acuerdo a sus atribuciones consagradas en la Constitución y a su reglamento. Pero como la CIDH ha sido tomada por una banda de ideólogos de izquierda hace muchos años, cualquier cosa se puede esperar.
Lo anterior no hace más que reforzar mi propuesta, respecto a que nuestro país se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo antes posible.
La segunda noticia que acaparó los medios en días recientes fue el secuestro de un equipo periodístico de Cuarto Poder a manos de las rondas campesinas en Chota, Cajamarca.
Según informaciones, un equipo de Cuarto Poder, integrado por el periodista Eduardo Quispe y su camarógrafo Elmer Valdivieso, fueron intervenidos por cerca de 40 a 50 personas en el distrito de Chadín, en Chota, Cajamarca, cuando se encontraban realizando una investigación sobre el presunto tráfico de influencias de la cuñada del presidente.
Cuando se encontraban entrevistando a un poblador de Chadín, el grupo que se identificó como ronderos de la zona, los secuestraron llevándolos a un lugar en donde fueron detenidos contra su voluntad (secuestrados) durante cinco horas. En el acto les robaron sus equipos de filmación y sus celulares. Durante el secuestro, fueron amenazados verbalmente en reiteradas oportunidades con chicote en mano.
El periodista Quispe narra que fueron liberados solamente después de leer bajo amenaza y en vivo, un pronunciamiento dictado por los ronderos, en el cual los obligaban a pedir disculpas en televisión nacional por el reportaje emitido sobre la cuñada de Castillo. Según informó América Televisión, se interrumpió la programación de América TV para que el reportero pueda leer la proclama de los ronceros, “si no ocurría eso, les advirtieron que sus vidas estaban en riesgo”.
Esta versión entra directa contradicción con las declaraciones del Ministro de Interior, Mariano González, quien había afirmado que los periodistas fueron liberados por la policía. Ante la pregunta de por qué no hay detenidos, declaró que debido a la dificultad de acceso a la zona, solamente se pudo rescatar a los periodistas.
Qué vergüenza me causa leer unas declaraciones tan cobardes como la del ministro González. ¿Acaso nos está diciendo que el Estado peruano representado por la policía, no tiene los medios necesarios para llegar a un pueblo de Cajamarca (no estamos hablando del Himalaya) ya sea con camionetas, helicópteros o lo que sea necesario y con la cantidad de personal suficiente para realizar las detenciones del caso? ¿Dónde quedó el principio de autoridad?.
Lejos de actuar y detener a estos delincuentes, el ministro González se abstiene de mandar a la policía a hacer su trabajo, con la absurda excusa que es el Ministerio Público quien tiene que tipificar el delito después de una investigación y ordenar las detenciones. ¿Acaso el ministro no sabe que existe la ley de flagrancia? Imaginen qué hubiera pasado si cualquiera de nosotros retiene en su casa durante cinco horas a un periodista que lo viene a entrevistar por algo que no nos gusta.
Lo más grave del secuestro de los periodistas es que lejos de recibir el rechazo unánime del gobierno y la clase política, escuchamos al primer ministro Torres alabando a las rondas campesinas, al ministro de Justicia dudando de los hechos y por supuesto a todos los rojos y caviares justificando el actuar de las rondas y victimizándolos.
Así como el ingeniero de la MDLM en el periodo de Castañeda Lossio nos tomó el pelo afirmando que “el puente no se cayó, se desplomó”, de igual manera los caviares nos quieren vender el cuento de que los periodistas fueron retenidos y no secuestrados.
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