Fair play constitucional

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Los resultados de los dos últimos procesos electorales dieron como ganadores a PPK y a Pedro Castillo, y a ambos les tocó lidiar con parlamentos en donde la mayoría producto del voto popular les fue esquiva. Y en donde ademas fueron incapaces de construir una mayoría producto de alianzas y construcción de consensos políticos.

Este escenario no es nuevo, ni exclusivo del Perú. Y no está demás recordar que las democracias liberales del mundo occidental están diseñadas precisamente para escenarios de confrontación entre poderes del Estado y para canalizar sus relaciones, a veces nada amistosas, producto de la naturaleza misma de las funciones encomendadas por el voto popular y reguladas en la Constitución.

El escenario de confrontación de poderes del Estado siempre lleva a su vez a una polarización de la sociedad, en donde en calidad de hinchas de uno u otro poder del Estado se celebra el atropello del uno sobre el otro. Aún cuando ello plantea la ruptura del orden constitucional, en lo que se conoce como dictadura.

En países como el nuestro, con una importante tradición caudillista y poco institucionalizado en valores democráticos, la popularidad del gobernante suele ser bastante mas alta que el siempre impopular parlamento. Este fenómeno se exacerba en escenarios de atropello de un poder sobre otro, como se evidenció en los casos de Velasco, Fujimori y recientemente Vizcarra.

Es decir ser dictador es muy popular, al menos en el corto plazo.

Una clase política madura debiera aprender a conducir sus empeños y pasiones políticas siempre en el marco de la Constitución y limitada por sus mecanismos, evitando salir de sus cauces. Pero también evitando “interpretaciones auténticas”, criollas, antojadizas o serviles al poder que atropella, como la recientemente convalidada “negación fáctica de la confianza” que utilizó Vizcarra para deshacerse del impopular y ridículo congreso de mayoría fujimorista.

El antifujimorismo liderado por Vizcarra, el constitucionalista César Landa y otras guaripoleras del poder urdieron una interpretación taimada de la Constitución para deshacerse del rival político de turno. Hecho que luego fue sacramentado por los ex miembros del Tribunal Constitucional Eloy Espinoza y Marianella Ledesma a la cabeza, en una muestra evidente de sumisión al poder político de turno, y el fracaso de la justicia constitucional.

Hoy el escenario político es diferente en cuanto a los actores, pero similar dada la confrontación que existe entre Legislativo y Ejecutivo, que tiene como raíz la vergonzante presidencia de Pedro Castillo, cuya gestión se pudre en todos los frentes.

La salida de Castillo de la presidencia de la República es algo que personalmente deseo y que además es absolutamente necesario para mitigar el acelerado deterioro económico, político y social del país. Sin embargo, este proceso debe darse en respeto absoluto e irrestricto de la Constitución y lo establecido en su artículo 113 o la renuncia del Presidente.

Es decir la salida debe darse en Constitución, o no hay salida. En cuyo caso los peruanos deberemos asumir las consecuencias de nuestra mala elección o esperar que el peso de las evidencias termine por derrumbar la presidencia de Pedro Castillo, como ocurrió con Fujimori.

Los políticos formados y serios deben ser siempre respetuosos de la Constitución, alentar cambios institucionalizados y evitar ser felipillos de la coyuntura, la aprobación popular o la pasión dialéctica.

Respetar el principio democrático y liberal de la igualdad ante la ley no es una opción, sino una obligación.

Finalizo este artículo diciendo a los que celebraron y disolvieron el Parlamento en 1992 y 2019:

Nosotros no somos como ustedes.

(*) Presidente Sociedad Abierta.

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