

Hace algunos años se llevó a cabo una campaña para prevenir y erradicar la violencia sexual en Zaragoza, España. Con el objetivo de sensibilizar y buscar la participación de la ciudadanía, para desterrar conductas violentas de connotación sexual, el municipio colocó avisos con la frase “No es No”.
En esta columna vamos a tomar prestada la frase “No es No”, pero la vamos a usar en el contexto político que estamos viviendo en el país.
Desde hace algunos años, los grupos de izquierda nos quieren vender el cuento de que una serie de problemas que vive el país se resolverían con el cambio de la Constitución. Afirmo que esta propuesta es “un cuento” y me baso en el siguiente análisis:
Uno de los principales argumentos que utilizan los comunistas para proponer el cambio del texto constitucional, es que según ellos, la actual Carta Magna no garantiza derechos como la educación, la salud, la propiedad del Estado sobre los recursos naturales, entre otros. Sin embargo, los que hemos leído la actual Constitución, sabemos perfectamente que todos estos derechos y muchos otros están explícitamente mencionados en el texto.
Los comunistas usan como excusa para exigir una nueva constitución, la falta de acceso a ciertos servicios públicos como agua, desagüe o luz, por parte de la población de menores recursos. No les importa el que la verdadera causa de la falta de servicios públicos o infraestructura en las zonas más deprimidas del país, sea la incapacidad, falta de gestión y en muchos casos, flagrante corrupción de sus autoridades locales.
Otro argumento que utiliza la izquierda, es que la actual Constitución favorece a los grupos económicos y perpetúa la desigualdad entre ricos y pobres, entre Lima y provincias.
Solo basta con revisar las estadísticas económicas de los últimos 30 años, para entender lo falaz de esta afirmación. El crecimiento económico que ha tenido nuestro país, no tiene precedente en la historia del Perú.
La pobreza se redujo en más de 50%, el PBI creció 9 veces, las exportaciones pasaron de 3,321 millones de dólares a 56,306 millones (se multiplicaron por 17), la clase media aumentó más de 100% pasando de 20% a 43% de la población. Todo ello, gracias a la libertad de empresa y la estabilidad monetaria que trajo el capítulo económico de la Constitución de 1993.
Si fuera necesario cambiar parte de la Carta Magna, se puede hacer dentro del marco legal que la misma contempla. Mas aún, desde que entró en vigencia en 1993, la actual Constitución ha tenido 45 cambios; todos ellos impulsados desde el Congreso por las diversas fuerzas políticas.
¿Por qué necesitamos una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, si dentro del actual marco legal se puede mejorar la actual?
No voy a abrumarlos con los argumentos ya expuestos de constitucionalistas que saben del tema más que yo, así que lo voy a resumir en un par de líneas: los comunistas quieren el poder total que representa la Asamblea Constituyente. Para muestra, podemos ver lo que está sucediendo en nuestro vecino del sur.
Luego de una serie de marchas violentas que destruyeron medio Santiago de Chile, el presidente Piñera accedió a realizar un referéndum para redactar una nueva Constitución en Chile mediante una Asamblea Constituyente. Los chilenos en ese momento votaron a favor de la instalación de dicha asamblea.
Luego de un año de trabajo, el gobierno comunista de Boric, convocó a un segundo referéndum para que los chilenos pudieran aprobar o rechazar el texto de la nueva Constitución, que entre otras novedades destruía la concepción de Chile como un país unitario y lo convertía en un Estado “plurinacional” al mismo estilo venezolano y boliviano.
De manera aplastante, los chilenos rechazaron el texto de la nueva Constitución. Eso significa que la actual sigue vigente. Sin embargo, los comunistas no entienden que “No es No”. Arrogándose la absurda idea que ellos son el verdadero pueblo, han convocado a un nuevo proceso constituyente para redactar otra Constitución con un esquema “Frankenstein” mediante el cual, la Asamblea Constituyente estará integrada por 50 personas provenientes de las distintas fuerzas políticas, con el apoyo de 24 asesores congresales para redactar la nueva Constitución. La centro-derecha piensa que de esta manera puede reducir el daño que ello traerá a Chile.
En nuestro país, no existe en el ordenamiento jurídico la figura de la Asamblea Constituyente. Sin embargo, los izquierdistas no se cansarán de insistir una y otra vez en realizar un referéndum para que “el pueblo” decida si quiere o no una nueva Constitución. Espero que las fuerzas democráticas entiendan que no pueden ceder ante chantajes de vándalos y subversivos. Los comunistas no entienden que “no es no”. Por más que pierdan una y mil veces un supuesto referéndum, ellos seguirán insistiendo en la destrucción del actual orden democrático para instaurar un gobierno comunista.
Mientras ello ocurre en el ámbito político, el Gobierno de Boluarte no quiere poner orden en el país. Las carreteras siguen tomadas por vándalos y los subversivos continúan incendiando comisarías e instituciones públicas ante la pasividad del Ejecutivo. Me pregunto: ¿qué está esperando Boluarte para hacer cumplir la ley?
Como dice el presidente de El Salvador, Bukele: “Cuando un gobierno no combate efectivamente la criminalidad, no es porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque los cómplices de los criminales son los que están en el gobierno.”
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