El peor atentado terrorista en la historia de Argentina, se produjo durante el gobierno de Carlos Menem, el 18 de julio de 1994, en contra de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires. En dicha ocasión el grupo terrorista libanés Hezbolá colocó un coche bomba en la sede de la AMIA cuya explosión causó la muerte de 85 personas e hirió a otras 300 más.
Durante la presidencia de Néstor Kirchner y después de doce años de investigaciones, el fiscal de la causa, basado en informes de inteligencia argentinos, estadounidenses e israelíes acusó formalmente al gobierno de Irán de aquel entonces, de haber planificado el atentado y al grupo terrorista Hezbolá de haberlo ejecutado. Según la investigación, Argentina fue elegida como blanco del ataque tras la decisión del gobierno argentino de suspender la transferencia de tecnología nuclear a Irán.
En el año 2006, el fiscal Alberto Nisman, aseguró tener nuevas pruebas sobre los que perpetraron el atentado. El juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, volvió a ordenar la captura internacional de siete funcionarios iraníes y un miembro operativo libanés del Hezbolá acusados por la fiscalía.
Desde entonces, los gobiernos argentinos han requerido a Irán, sin éxito, la extradición de sus ciudadanos para que puedan ser juzgados por un tribunal argentino.
En el año 2013, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el Congreso Argentino ratificó un memorándum de entendimiento Argentina-Irán, con el fin de destrabar las investigaciones, estableciendo un mecanismo para que la justicia argentina pueda tomar la declaración indagatoria de los iraníes acusados.
Sin embargo, en enero del año 2015, el fiscal Nissan presentó una denuncia contra la presidenta Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman y otros funcionarios, por considerar que el Memorándum de Entendimiento era parte de un supuesto plan para encubrir a los acusados.
El lunes 18 de enero del año 2015, horas antes de presentarse en el Congreso argentino, para informar a los parlamentarios sobre la denuncia interpuesta contra la Presidenta el miércoles anterior y poco antes de iniciarse el juicio por encubrimiento, Nisman fue encontrado muerto por un disparo en la cabeza en el baño de su departamento de Buenos Aires.
La muerte de Nisman, cuya investigación no ha concluido hasta la fecha, se ha visto envuelta en una serie de marchas y contramarchas. En el 2017 la investigación consideró que a primera vista, Diego Largomasino, el subordinado de Nisman quien le facilitó el arma con la que el fiscal presuntamente se suicidó, tenía responsabilidad en la muerte de Nisman y ordenó su procesamiento. En 2018, otra instancia judicial, en cambio, opinó que Nisman fue asesinado. No obstante, en más de ocho años, no se pudo encontrar ninguna prueba de que a Alberto Nisman lo hayan asesinado y más bien está claro por las pericias que fue un suicidio.
Eso sí, la oposición nucleada en torno al ex presidente Mauricio Macri, saca a pasear la cuestión Nisman cada vez que puede, usándola como un instrumento político-mediático contra el peronismo y en especial contra Cristina Kirchner.
En nuestro país, también tenemos el caso de un fiscal que es objeto de ataque político y mediático Por supuesto que no nos referimos a José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, sino a la valiente Fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
La fiscal Benavides ha demostrado con sus actos, la determinación de investigar y procesar a los altos funcionarios del Gobierno de Castillo, supuestamente involucrados en presuntos actos de corrupción. No en vano se ha ganado la enemistad de caviares y rojos, que han visto en peligro sus puestos de trabajo.
Los que hoy en día critican duramente a la fiscal Benavides por supuestas faltas, callaron cuando la ex Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, no investigaba y no acusaba a Martín Vizcarra ante la lluvia de denuncias por presunta obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y corrupción cuando era Presidente. ¿Qué hizo la fiscal Ávalos ante tanta supuesta evidencia en contra de Vizcarra? La respuesta es: nada.
Desde esta columna preguntamos: ¿qué hizo el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura con respecto a Ávalos cuando ella no quiso investigar a Vizcarra? La respuesta es: nada.
En estos tiempos que la fiscal Benavides investiga de manera implacable los infinitos casos de presunta corrupción durante el Gobierno de Castillo, ¿saben qué hace la Junta Nacional de Justicia? Le abre investigación a la fiscal Benavides por los “cuestionados” movimientos que dispuso en el equipo especial Cuellos Blancos.
El ataque a la fiscal Benavides no solamente se da en el ámbito legal, sino que también viene del político. ¿Recuerdan cuando la ex congresista Betssy Chávez llamaba a la fiscal Benavides, “Blanca Nélida Colán versión 2”, en una clara alusión a la ex fiscal de la nación Blanca Nélida que trabajó en complicidad con Vladimiro Montesinos? ¿Qué dirá ahora Bettsy Chávez que ha sido acusada por el Congreso de participar en el golpe de estado de Castillo?
Susel Paredes es otra de las congresistas que se ha dedicado a atacar a la fiscal Benavides en lugar de apoyar su trabajo contra la corrupción. ¿Será que Susel Paredes tiene algo que ocultar? ¿Qué ha hecho Susel Paredes para luchar contra la corrupción?
Recordando una frase de Robert Kennedy, Fiscal General de Estados Unidos, “Solo aquellos que se atreven a tener grandes fracasos, terminan consiguiendo grandes éxitos”.
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