En el último lustro, el Perú fue destino de un fuerte oleaje migratorio de pobladores venezolanos, llegaron a residir a nuestro territorio, huyendo de la crisis económica y social generada en el país llanero. En la actualidad hay 7,3 millones de venezolanos dispersos en el mundo, el 60,0% se encuentran en Colombia y Perú. En nuestro país residen 1,5 millones de venezolanos, según los últimos datos de OIM y ACNUR, en la Plataforma de Coordinación Interagencial de Refugiados y Migrantes Venezolanos, con cifras a mayo 2023.[1]
La mayoría de pobladores venezolanos, el 86,6% se encuentran en Lima Metropolitana y El Callao, en menor proporción en las regiones de La Libertad y en Arequipa, en menor número en la mayoría de regiones del país. La inmigración venezolana al Perú, se caracteriza por su gran concentración territorial, están ubicados mayoritariamente en Lima y Callao, especialmente en los distritos de San Martin de Porres (8,0%), Santiago de Surco (6,2%), Los Olivos (5,6%), San Juan de Lurigancho (4,5%), principalmente.[2]
Tras la desesperada y dramática inmigración de la mayoría de venezolanos inmigrantes, una porción de ellos, camuflados criminales han ingresado al país, dentro de ellos integrantes de la banda criminal “el tren de Aragua” con presencia en varios países de América del Sur, a los que se suman delincuentes colombianos que acompañan la violencia criminal, en modalidades delictivas impuestas en el país, como el “préstamo gota a gota”, la extorsión, el tráfico de drogas, la trata de personas y otras modalidades delictivas, su accionar está muy ligada al crimen organizado transnacional, se han escurrido en el territorio, su presencia se ha hecho de manifiesto en los últimos dos años, con bastante violencia, han añadido un ingrediente peligroso en la actividad delictiva en nuestro territorio, esto amerita drásticas acciones de control migratorio y la expulsión de peligrosos delincuentes flagrantes.
En la realidad actual, el problema que vive angustiosamente el país, la delincuencia e inseguridad, se manifiesta creciente, y lo más grave muy violenta en el accionar de éstas bandas criminales. En los últimos cinco años en el país, la delincuencia siguió la ruta de una montaña rusa, bajo y subió angustiosamente, la tasa de victimización, del nivel que exhibía en el año 2019, año pre pandemia, de 26,6%[3], se redujo considerablemente en los años más críticos de la pandemia, la tasa de victimización se redujo a 23,0% en el 2020 y a 18,0%, de la población en el año 2021, subió a 22,9% en el año 2022, y se ubica en 25,9% a mayo 2023.
La nueva normalidad lograda tras superar los efectos de la Covid-19, que tuvo como una de sus manifestaciones la reducción de los índices del crimen, duro poco, la reactivación de la economía y la vida social entraron a la normalidad, también se reactivó la actividad delictiva, haciendo un efecto “v”. Los hechos criminales se han agravado con una alta tasa de robos y hurtos que mayoritariamente afectan a los ciudadanos, cerca del 70,0% de la actividad delictiva está referida al robo de dinero cartera y celular, especialmente el robo de celular que se ha convertido en el bien más buscado en el arrebato callejero, muchas veces violento, afecta a la mayoría de ciudadanos, elevando la tasa de inseguridad.
El diagnóstico indica la presencia de delitos mayores, en la cúspide de la pirámide delictiva, principalmente por la presencia y accionar de bandas criminales, nacionales y extranjeras involucradas en el crimen organizado, que abarca un amplio abanico de delitos, muy relacionadas al tráfico de drogas, la trata de personas, tráfico de terrenos, minería ilegal, cuya presencia activa se manifiesta amenazante. La incidencia de los delitos patrimoniales es mayoritaria, por ello las acciones de prevención, la mayor presencia policial, la labor integrada con serenos municipales, es el camino que señala la propuesta política, para afrontar el delito, e inteligencia policial frente al crimen mayor. Además, se requiere estabilidad en las políticas contra el crimen, los cambios abruptos y sin rumbo de los últimos dos años afectaron los planes, o no existieron planes contra la inseguridad. Ahora es momento de afianzar las políticas de lucha contra el crimen, que tiene el respaldo ciudadano, el Congreso tiene la palabra.
[1] R4V Plataforma Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela.
[2] INEI Encuesta dirigida a la Población Venezolana que reside en el país – ENPOVE 2022. Lima, setiembre 2022.
[3] INEI La Victimización en el Perú, 2015-2022. Lima, junio 2023.